El México que la solidaridad colectiva saca de los escombros y el Estado entierra

en Internacional

Septiembre llegó como un mes plagado de tragedias que agudizaron la crisis humana en México. Primero el temblor del 7 de septiembre que afectó principalmente a Chiapas y a Oaxaca, a sus pueblos, pueblos pobres que de por sí resisten al olvido. Luego vino un 15 de septiembre triste, impregnado de luto por los feminicidios que se hicieron brutalmente visibles con el asesinato de Mara Castilla, los días posteriores fueron días de movilizaciones, marchas, miedo y desesperanza.

Y el 19 de septiembre de 2017, 32 años después vuelve a cimbrarse la tierra mexicana, caen edificios y casas, hay atrapados, heridos y muertos sobre todo en la Ciudad de México y en los estados de Puebla y Morelos. Hemos visto las mismas imágenes de solidaridad ante la tragedia de 1985, sólo que esta vez esta catástrofe cae encima de otra, la generada por más de diez años de guerra, muerte, militarización, impunidad y descomposición social. Como si con la ferocidad de la naturaleza se hubiera roto una inercia y la rabia y el impulso de decir “no” a todo eso se fijara en un objetivo, salvar a los atrapados, solidarizarse con los afectados, hacer juntos que las cosas salgan adelante.

La energía, la emoción colectiva logró rescatar vidas y hacer crecer la capacidad colectiva de enfrentar la tragedia. Se mostró una sociedad fuerte, solidaria y quedó evidenciada la incompetencia de las instituciones oficiales: no hay plan alguno. Los días pasan y el apoyo no cesa, pero el cansancio comienza a hacerse presente y también la desesperación de quienes han perdido todo. El Estado aprovechará esto para ensombrecer todos los logros, con su afán de control y su compulsiva necesidad de encubrir su incompetencia que queda confirmada terriblemente en la falta de información oficial clara sobre la situación de las personas desaparecidas en el desastre o en hechos como el uso de militares para limitar las acciones de rescate y solidaridad en varios puntos de la Ciudad de México, o como lo ha hecho obligando a que todo el apoyo solidario tenga que llevar la etiqueta de gobiernos estatales.

La administración de Enrique Peña Nieto, a través del Ejército y la Marina, se está convirtiendo en un obstáculo en las medidas de rescate y solidaridad. Tienen cercadas a las familias afectadas para que no escuchen a personas defensoras de derechos humanos o hablen con medios de comunicación, tienen el control de las actividades de rescate y deciden cuándo suspender y levantar la herramienta, aunque no les ha funcionado del todo, porque la solidaridad desobedece y continua buscando hasta la última persona y documentando hasta la última grieta.

México lleva algunos años sumergido en el vacío, en el hueco que dejan las miles de desapariciones, ejecuciones, feminicidios, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos desencadenadas por un sistema político de impunidad y corrupción. Hoy, ante el desastre, no olvidemos que ese Estado no está preocupado por salvar vidas, sino por ocultar la potencia de la solidaridad que desde abajo se vuelca para revertir la tragedia y rescatar personas, cuerpo a cuerpo, mano con mano. Solo está interesado en administrar la tragedia, en hacer de ella una mercancía electoral y una jugosa bolsa de fondos de desastre que desviar.

Ante rescatistas experimentados y voluntarios bien organizados, a la Presidencia de la República no le basta con insultar esos esfuerzos con montajes mediáticos vergonzantes y sensacionalistas y con cadenas nacionales que nada muestran de lo que sucede en nuestras calles. Hay que estar atentos, porque al Estado solo le interesa el control y la verdadera preocupación del gobierno de Enrique Peña Nieto es la de limpiar la imagen del Ejército mexicano para poder aprobar su Ley de Seguridad Interior y legalizar la militarización de la vida cotidiana y la de aprovecharse de esto para que olvidemos todo lo demás. Están afanosamente tratando de lavarle la sangre de las manos al ejército y hacernos olvidar que lo único que saben hacer es esconder la realidad, echando tierra y escombro sobre más vidas.

La gravedad que supone esto es atroz. Cómo es posible que el mismo día del mega-simulacro conmemorativo del sismo del 85 y a tan solo dos horas de este, llegaran militares con fusiles pero sin herramienta de rescate y que desde las cuentas oficiales se solicitara a la sociedad contribuir con equipo que se tiene en diversas instancias oficiales. Al Estado no le importan las vidas, ni los daños, le importa el control y la apariencia, esconder la realidad. No lo olvidemos.

No podemos ver cómo pasa esto sin decir nada, no podemos aceptarlo. El mundo está viendo, algo debe suceder para hacer evidente este absurdo, para frenarlo y evitar que la tragedia fortalezca la militarización del país y la simulación del gobierno de Enrique Peña Nieto. El gobierno no puede obstaculizar el apoyo social a los afectados, ni decidir suspender labores de rescate antes de encontrar hasta la última persona, esto debe tener consecuencias. La rebeldía se está volviendo indispensable y empieza a ocurrir recurrentemente en la zonas afectadas para poder salvar vidas, para poder repartir la ayuda solidaria, para poder superar la tragedia que el Estado entorpece, obstaculiza y trata de utilizar como estrategia publicitaria.

Estas tragedias han confirmado lo que la guerra, los despojos y las muertes, que el Estado no sólo no funciona, sino que es un obstáculo violento y permanente para la organización ante las múltiples tragedias que hoy se resumen en una palabra: México.

Los que firmamos esta carta exigimos que el gobierno de México deje de jugar y lucrar con la tragedia y utilizarla para militarizar aún más el país.

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