Ajustes criminales, capítulo 5, enero de 2012

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CRÍMENES ECONÓMICOS DE ESTADO | Desde el pasado 30 de diciembre nos han declarado definitivamente la GUERRA. Han declarado una guerra a quienes lleven décadas trabajando, a quienes se endeudaron, a quienes perdieron el trabajo, a quienes encuentren un empleo miserable, a quienes el empleo no les saque de la pobreza, a quienes la vida les cueste más de lo que tienen, a quienes tengan que vender su vida, a quienes vivan de ayudas miserables, a quienes perdieron su casa, a quienes ocupen los cajeros automáticos, a quienes no coman tres veces al día, a quienes no coman dos veces al día, a quienes apenas comen, a quienes en toda su vida no llegarían a robar una millonésima parte de lo que los dueños de Europa han robado a sus pueblos durante los últimos años… Una guerra cuya estrategia de propaganda debe ser desmontada.

AJUSTES CRIMINALES / CAPÍTULO 5 / enero de 2012.

CRÍMENES ECONÓMICOS DE ESTADO.

En agosto de 2011 llegó el anuncio que todos esperábamos después de la carta de Trichet y las ínfulas absolutistas del monstruo Merkozy: la aristocracia política del Reino de España reformó la inmaculada Constitución para secuestrar al país a golpe de doctrina neoliberal. El parlamento español se propinó un auto-golpe de estado (el techo de gasto) ordenado por los mismos sicarios que más tarde visitaron Grecia y, justo después, Italia. No íbamos a esperar que los golpistas europeos del siglo XXI se parecieran a Pinochet… ni falta que les hace.

Nuevo presidente, viejas mentiras y ministro de Lehman Brothers.

Como el primer ataque del PSOE no era suficiente, ahora llega el del PP. La primera dosis ya ha sido inoculada y seguimos igual. Más ajustes con resultados terroríficos para las próximas décadas… y seguimos igual. Los mismos Goldman Sachs y JP Morgan lo reconocen al admitir, después de elogiar las medidas adoptadas, que la economía española volverá a contraerse y que la cifra de desempleo para finales de 2012 estará en torno al 27%.

Lo vimos en el discurso de investidura de Rajoy, donde se sentaron las bases de los próximos planes de ajuste estructural: el terrorismo económico y propagandístico de estado no sabe lo que es una tregua. Sin rubor ni vergüenza, Rajoy adelantó en la sede de la soberanía popular del Reino algunos detalles del robo que pretende perpetrar en nuestras narices durante los próximos cuatro años para seguir cebando, cómo no, a banqueros y empresarios.

Con un soniquete casposo, las medidas parecían recitadas directamente por el capital financiero y la clase empresarial. En materia económica, laboral, de protección social, energética, educativa… su discurso fue un “corta-pega” de lo que llevamos años leyendo en los informes del Fondo Monetario Internacional, en las advertencias de las calificadoras o en los documentos de lobbies neoliberales como FEDEA. Todo ello con un barniz de roña feudal que dejó plenamente satisfecho a Arturo Fernández (Vicepresidente de la CEOE, franquista de vocación y capataz con látigo de profesión), según sus propias palabras. Como cabía esperar.

Rajoy ha señalado al control del déficit público como objetivo prioritario de la legislatura, un clásico principio de la ortodoxia neoliberal que es muy fácil de entender (y más si lo combinamos con las exenciones fiscales a los beneficios empresariales): vía libre al saqueo legal. Sin poder incurrir en déficit, sin política de recaudación justa de ingresos, sin una institución pública bancaria que dé acceso al dinero… todos los ámbitos de lo común, de lo público, los derechos fundamentales, se dejan a merced de los intereses privados.

No está de más recordar la “recomendación” del travieso Strauss Kahn: “lo que necesita España es una ambiciosa aplicación de la Directiva de Comercialización de Servicios”. O sea, recurrir a lo privado como única opción para la inversión pública y para la garantía de los derechos esenciales, aplicando directamente la directiva de comercialización de servicios emanada desde la Organización Mundial del Comercio y que pretende incrustar la competencia privada en todos los sectores que faltan.

La prioridad de cumplir el techo de gasto (“ajuste del déficit” o “consolidación fiscal”) se debe, según dicen, a la necesidad de regresar a la sacralizada senda del “crecimiento económico”, como si esa senda nos llevara a alguna parte. Siguen explotando la misma mentira porque los súbditos seguimos tragando, cuando lleva décadas demostrándose que ese crecimiento es para unos muy pocos y, lo más importante, que sólo se consigue a costa del empobrecimiento de todos los demás. No es ficción, lo seguimos viendo con el recién aprobado plan de ajuste y lo veremos con los que vendrán.

Otra idea que legitima el objetivo capitalista del crecimiento es la “creación de empleo”. Ambas ideas marcaban cada uno de los sacrificios desgranados por Rajoy. Ambas mentiras (omnipresentes en la lista de “sacrificios” del presidente del gobierno postizo y portavoz del verdadero gobierno) componen el eje continuista de su gobierno ultraliberal. En el parlamento español, la mano derecha sabe muy bien lo que hace la izquierda –y viceversa, en armonía perfecta, cómplices del mismo crimen.

Qué palabras más sinceras las de Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior: “estamos en el inicio del inicio”. El 30 de diciembre se acordó un ajuste presupuestario de 15.000 millones1 , pero el compromiso expreso de Rajoy con la UE comenzó con un ajuste de 16.500 millones para finales de 2012. Un mes de después, la cifra se corrige: ¡38.000 millones!, y todo eso sin contar el incremento brutal del pago por intereses de la deuda (cantidad no incluida en los presupuestos prorrogados hasta marzo) derivada de los ataques de especuladores y/o banqueros, esos delincuentes a los que llaman “mercados”.

Pero en la vida no todo es ahorrar. Será por eso que el gobierno recorta por un lado pero despilfarra por el otro. La nueva Contrarreforma Laboral que se está cocinando tiene una previsión de coste (según datos del PSOE, que lo sabe muy bien porque la suya costó más de 6.000) de 10.000 millones, que van directamente a los bolsillos del poder empresarial en forma de bonificiaciones, exenciones o deducciones.

Y de propina, una medida no anunciada pero sí aprobada: poner a disposición de la banca española 100.000 millones en avales para la compra de esos activos que, después del pinchazo de la burbuja, no valen nada.

Sorayita tiene razón: el primer ajuste de 15.000 millones es sólo un aviso. Entramos en la recta final del régimen de acumulación por desposesión. Por cada uno que acumula, miles se hunden en la miseria. ¿Cómo se llama esto? ¿Robo? ¿Desarrollo sostenible?
Lo que más asco da es el barniz de justicia social, la explosión de populismo con que se escenificó el anuncio de los ajustes estructurales que acababa de aprobar el gobierno:

Pensiones.

La subida de las pensiones anunciada por Rajoy es la mentira más flagrante: una subida de 1%, sí (aplausos en el hemiciclo), pero si le añadimos la subida de impuestos del 0,75% y otros compromisos, el recorte real en los ingresos futuros de la mayoría de pensionistas es histórico:

  • Acercar la edad real de jubilación a la edad legal. Es decir: eliminar jubilaciones anticipadas y prejubilaciones bajo diferentes fórmulas (salvo mínimas excepciones como la minería, cabría esperar). Quienes llevan toda la vida en trabajos manuales de diversa dureza física saben muy bien que esto asegura una muerte prematura.
  • Incentivar la “prolongación voluntaria de la vida laboral”. Voluntad sometida a presión, eso sí, pues la rebaja (ya aprobada) del 28% del poder adquisitivo de la pensión hace casi imposible alcanzar la máxima base reguladora (y esto también es sólo el inicio).
  • Compatibilizar el cobro parcial de la pensión con la continuidad en el mercado laboral. Algo también muy “voluntario” si se vive y trabaja en condiciones miserables.
  • Y lo más grave: proporcionalidad de la pensión a toda la vida laboral. Las implicaciones son brutales sólo con pensar en el nivel generalizado de precariedad laboral.

Recorte a subvenciones.

Quizá quienes acusaban a los partidos políticos y los sindicatos amarillos se hayan quedado satisfechos con la medida de “reducir un 20% las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales”. ¿Mariano haciendo un guiño al 15M? Comparemos esta medida con los datos globales de recorte admitidos por el propio gobierno (15.000 millones ahora y más de 38.000 hasta finales de 2012):

  • Menos subvenciones a partidos políticos: 30 millones
  • Menos subvenciones a organizaciones empresariales y sindicatos: 55 millones.

Comparados con los 10.000 millones que van a beneficiar al sector empresarial, no parece mucha cosa. Tampoco es mucho para los sindicatos, con ingentes entradas de dinero por el negocio de la formación y su papel de instrumento del poder. Ahí va un ejemplo escandaloso, con fecha de 2004: Citibank reconoce en un juzgado de Madrid el pago de más de 650.000 euros a los sindicatos CCOO, UGT y FITC por “el esfuerzo que realizaron” durante las negociaciones de cuatro acuerdos laborales (publicado en prensa).

Canon digital.

Aquí llega otra de las maravillas anunciadas por Mariano, el “héroe del pueblo”: impuestos progresivos, gravamen a las rentas de capital… ¿quién iba a decirnos que era verdad eso de “Partido Popular, el partido de los trabajadores”?

Ah, no, que también es mentira. Es cierto que estos impuestos temporales mantienen cierta progresividad, pero más cierto es que los tramos de renta acotados vuelven a ser menores, no los de los grandes (enormes) capitales. Ésa sigue siendo la madre de todas las estafas: la ridícula recaudación que se plantea obtener de las mil-millonarias cuentas de beneficios de unas cuantas mega empresas. Con esta medida-trampa se pretende sacar 4.111 millones del IRPF y 0 (sí, cero) del gravamen a beneficios empresariales. Recordemos además, que las rentas que no pueden defraudar en el IRPF son las del trabajo, pues se realizan a través de la nómina. Otra cosa son los instrumentos y mecanismos de evasión de quienes obtienen ingresos de la actividad como empresarios o los de las propias rentas de capital.

Pese a la cacareada “progresividad”, los dos últimos tramos considerados reciben una subida del 6% para los ingresos entre 175.000 y 300.000 €/año y una subida del 7% para los superiores a 300.000 €/año. Sirva de ejemplo la siguiente barbaridad: no, no vamos a hablar de Emilio Botín (presidente del grupo Santander) y sus ingresos (cuantificados en 3,8 millones) en 2010. Quedémonos con su consejero delegado, Alfredo Sáez “el indultado por el gobierno” (de una condena a tres meses de arresto e inhabilitación temporal), que declaró 10,2 millones de ingresos en el “mal año” de 2009.

Y el colmo: el último tramo considerado, el de ingresos provenientes de rentas de capital (también llamadas “rentas del ahorro”: rendimientos de productos financieros, beneficios obtenidos por venta de bienes…), es de 24.000 €.

Adivinad quién queda a salvo de una auténtica subida de impuestos: los mismos que dan orden al gobierno de recortar la vida al resto.

Adivinad quién no “huele” el 40% del total de la riqueza real producida por el trabajo en el Estado Español: pues claro, trabajadores y trabajadoras, parados y paradas, pobres o futuros y futuras pobres, sin techo, sin derechos, sin nada. Ese 40% no les reporta ningún tipo de beneficio, ni social (el gasto social es en torno al 20%) ni salarial (los salarios suponen en el Estado español en torno al 30%).

Así queda claro hacia dónde se redistribuye. De la riqueza producida en el país fruto del trabajo de la gente, el 40% (por lo menos) se destina única y exclusivamente a acumulación. ¿Crisis fiscal? ¿Recortes? Dinero hay, ¡de sobra!, el problema es en qué manos acaba.

Pero podemos seguir haciendo cuentas, no os creáis.

Fruto de la subida de impuestos se va a recaudar

  • 4.111 millones de €, provenientes de las rentas del trabajo
  • 1.246 millones de €, provenientes de las rentas del ahorro (toma ya),

mientras las medidas para resucitar el negocio inmobiliario significan

  • Perder 6.000 millones (según datos disponibles de 2008) que no se van a recaudar a causa de la reintroducción de la deducción de compra por vivienda. Nótese además que esta medida es regresiva: paga menos a quien más tiene porque sólo las rentas más altas pueden acceder a la máxima deducción permitida.
  • Perder 12.000 millones (datos de 2011) que no se van a recaudar por mantener el IVA súper-reducido en la compra de vivienda.
  • Perder el programa de ayudas al alquiler, cuya extinción también ha sido acordada.

 

Así es como nuestros gobiernos luchan por el derecho constitucional a una vivienda digna.

Además, la subida “proporcional” del IBI (impuesto de bienes inmuebles) se ejecuta a nivel municipal y su zonificación generará desigualdad en las medias que marcarán la subida del impuesto, porque el valor medio del patrimonio no es igual en un pueblo de Albacete que en La Moraleja, por ejemplo. Otra falacia.

Y otra más: en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del 5 de junio, el último “paquete” de medidas traía buenas nuevas… ¡el Gobierno va a emprender la lucha contra el fraude fiscal y, de ese modo, nuestro héroe Mariano rescatará 8.171,7 millones de la economía sumergida!

Una gran noticia, si no fuera porque el año pasado se recaudaron 10.400 millones y, sobre todo, porque el fraude fiscal alcanza en el Estado Español, según diversos informes, entre el 20% y el 25% de la riqueza total producida. Es decir: de 200.000 a 250.000 millones. La gran noticia consiste en que el gobierno va a conseguir birlar a los “tramposos” el 1% de lo que esconden. Y lo peor es que, cuando el gobierno habla de “tramposos”, a menudo se oculta a los ladrones millonarios para señalar con el dedo a quien cobra un subsidio de miseria y necesita trabajar sin contrato, a quien carga discos copiados en una manta… y demás chivos expiatorios. Admiren la siguiente lindeza:

Congelación ayudas asistenciales.

Se congela el IPREM (índice para calcular el umbral de los ingresos asistenciales, fijado sobre 500 euros) y, con él, todas las “ayudas” asistenciales y otras limosnas (400 €/mes para parados sin desempleo y otras limosnas a la vivienda, a asistencia jurídica, becas…).

Qué bonito. Se anuncia una división entre grupos de “miserables semiesclavos” y “miserables sin empleo”, ambos en aumento. Como a Aznar le gustaba decir “quien no trabaja es porque no quiere”, pronto Mariano podrá cantar “quien no respira es porque no quiere”. Como Zapatero anunciaba la entrada de España en la “Champions League” de la economía, pronto podremos celebrar nuestro hundimiento en el pozo del subdesarrollo europeo (el social, porque el económico es el último grito del desarrollo criminal).

Ataque al sector público.

A falta de lo que está por llegar (véase Grecia, Portugal o Italia), los actuales acuerdos incluyen una congelación salarial para todos los trabajadores públicos (y ya llevan entre el 13% y el 20% de pérdida de poder adquisitivo), la ampliación de la jornada laboral en la administración pública y un 0% en la tasa de reposición de empleo público (servicios sociales, administración, justicia, servicios especiales como bomberos…). Eso sí, los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado no entran en esta medida. Además, según parece, por cada 10 jubilaciones del personal sanitario y docente se repondrán… ¡se repondrá! ¡1 puesto de trabajo!

Los principales recortes en las partidas presupuestarias (publicado en prensa) son:
•    Asuntos Exteriores y de Cooperación – 65,7% – 1.016 millones.
•    Relaciones financieras con entes territoriales, 56% – 1.040 millones.
•    Industria, Energía y Turismo, 52,9% – 1.091 millones.
•    Economía y Competitividad, 39,3% – 1.083 millones.
•    Fondos de Compensación interterritorial, 28,2% – 302,79 millones.
•    Fomento, 26% – 1.600 millones.
•    Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 15,6% – 409,1 millones.
•    Agricultura, Alimentación y M. Ambiente, 15,6% – 401,51 millones.
•    Hacienda y Administraciones Públicas, 15,1% – 442,76 millones.
•    Educación, Cultura y Deporte, 13,1% – 485,9 millones.
•    Defensa, 4,9% – 340,1 millones.
•    Presidencia, 4,4% – 19,59 millones.
•    Justicia, 2,9% – 48,82% millones.
•    Interior, 2,1% – 163,05 millones.
•    Cortes Generales, 2% – 4,33 millones.
•    Casa del Rey, 2% – 0,17 millones.
•    Empleo y Seguridad Social, 1,9% – 439,05 millones.
•    Diversos ministerios, 0,6% – 13,34 millones.

Privatizaciones masivas y control de las Comunidades Autónomas.

En la segunda ola de medidas, la agresión ha sido mucho más furtiva. Ni bombo ni platillo: el pasado jueves 5 de enero, la vicepresidenta del gobierno anunció la eliminación de 450 empresas, la mayoría dependientes de las comunidades autónomas. Ni una palabra sobre el “ahorro” que eso nos va a suponer. ¿O será que lo importante es privatizarlas para que el negocio sea exclusivamente privado? Pues claro. Si alguien todavía se cree eso de que “lo privado es más barato que lo público”, será porque acaba de aterrizar en este planeta.

Pero la estocada final fue directamente dirigida de arriba hacia abajo: el Gobierno controlará las cuentas a las autonomías, según anunció el ministro de Lehman Brothers en una entrevista al Financial Times. El padre (la UE) impone este control a los estados miembros si no éstos cumplen con las imposiciones económicas, y los estados reproducen esa imposición con sus hermanos pequeños. No es casual que los ataques se empiecen a centrarse en las CC.AA.

La estrategia la tienen meditada desde hace tiempo y nos la han venido anunciando sin cesar. “¡Consolidación fiscal!”, cantaba el FMI en sus misiones por el Estado español desde el año pasado. Y la intervención de la UE en la economía española (una semana antes) se pagó con la inclusión de esa regla de oro en la Constitución: legalizando el techo de gasto y asumiendo el objetivo de déficit cero. Si se lee “consolidación fiscal”, por favor entiéndase “alevoso e impune vaciamiento del fisco”. Los ataques se han centrado en presionar a las CC.AA, que (¡casualidad!) gastan en torno al 50% de sus presupuestos en educación y salud. ¿Un “gobierno central responsable” parando los pies a unas “autonomías derrochadoras”? Sí han derrochado, pero no precisamente en servicios públicos sino tirando miles de millones a la basura, forzando privatizaciones o bajo el hormigón de proyectos absurdos y mastodónticos al estilo valenciano o aragonés –por citar dos entre tantos.

Lo importante, en resumen, es que detrás del “déficit cero” hay un negocio (más virgen en salud que en educación) del que sacar buena tajada. La semilla de este disparate está, como decíamos al principio, en la Directiva de Comercialización de Servicios: a fomentar la competencia privada de todos aquellos sectores y subsectores susceptibles de funcionar a través del libre mercado (sanidad, educación, pensiones, infraestructuras… TODO).

Esta gentuza ha cerrado un trato: vender al capital privado el dominio absoluto sobre nuestra vida y nuestra muerte, como ya hizo en tantas otras partes del mundo.

La deuda y el déficit han centrado las exigencias de Merkel, del Banco de España, del FMI, de los “mercados”… mientras las agencias calificadoras exigen el control del déficit de las CCA.A y amenazan con desatar nuevas crisis de deuda en un eterno círculo vicioso: más deuda, más pago por la deuda, más regalo a los bancos, más déficit, más descapitalización del estado, más vaciamiento de su sistema fiscal, más deuda, más déficit…

Si las CC.AA no pueden gastar, ¿cómo van a prestar los servicios esenciales a la ciudadanía? Pues la solución que se plantea es un tipo de contratación pública aprobada en consejo de ministros en 2005: la “Colaboración Público Privada Institucionalizada”, una fórmula joven en España pero de larga tradición en los países anglosajones (según la Fundación de la Construcción del Reino Unido, los beneficios para los accionistas de sus empresas se han duplicado desde que utilizan este tipo de contrato). Se busca una empresa que invierta, dirija la ejecución del proyecto y gestione el servicio de forma integral, cobrando por la explotación y recibiendo un canon anual de la administración por período de 20 a 40 años según el tipo de servicio. Y para rizar el rizo, la propia administración asume los riesgos por si algo saliera mal en cualquiera de las fases. Como decimos por aquí, “no tiene pérdida”: la empresa gana todo, la administración paga todo. De remate, el coste de la obra, la gestión y la deuda que la administración paga a la empresa privada no se incluyen en el cómputo de déficit ni de la deuda pública. Eso último lo ha declarado EUROSTAT, el instituto europeo de estadística (y artes mágicas) que anuncia si los países cumplen los criterios de deuda y déficit del Pacto de Estabilidad y del Tratado de Maastricht.

Muchas CCAA compiten ya entre sí y con el estado central para captar financiación y construir escuelas (de pago), hospitales (de pago), carreteras (de pago) y otros muchos servicios (de pago) bajo esta fórmula refinada de privatización de beneficios y socialización de pérdidas.

Esta es la escena de un crimen en proceso. A la obsesión por el control del déficit se suma la bajada de impuestos y el aumento de incentivos a las empresas, y las cotizaciones sociales son cada día más bajas: el ajuste al techo de gasto provendrá del recorte en gasto público. Así ocurrió en Grecia, con recortes en empleo público y gasto social del 20%.

Y el gobierno saliente se despide gastando 1’5 millones de euros en material antidisturbios (en BOE, 31 diciembre 2011).
“Para todo lo demás”… a privatizar.

Conclusión: NOS HAN DECLARADO LA GUERRA.

Han declarado una guerra a quienes lleven décadas trabajando, a quienes se endeudaron, a quienes perdieron el trabajo, a quienes encuentren un empleo miserable, a quienes el empleo no les saque de la pobreza, a quienes la vida les cueste más de lo que tienen, a quienes tengan que vender su vida, a quienes vivan de ayudas miserables, a quienes perdieron su casa, a quienes ocupen los cajeros automáticos, a quienes no coman tres veces al día, a quienes no coman dos veces al día, a quienes apenas comen, a quienes en toda su vida no llegarían a robar una millonésima parte de lo que los dueños de Europa han robado a sus pueblos durante los últimos años… a la chusma, a quienes sobran porque el “mercado soberano” ya les robó todo, porque la “privatización de todo” les invita a suicidarse, porque dan asco a la “gente de bien”, porque dan miedo a la “gente normal”, porque son una mancha muy fea en la foto trucada del “mundo desarrollado”. Porque son la mejor muestra del “triunfo” del capitalismo. Porque pronto podríamos ser nosotros y nosotras, los “aún incluidos”, y no nos gusta pensarlo.

Una antisistema militante y furibunda, valgan ambas redundancias.
ASSI – Acción Social y Sindical Internacionalista. Zaragoza.
www.assi-assi.org

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1- El robo total asciende a 15.000 millones de euros: 8.900 se roban directamente con el recorte al gasto público y los otros 6.100, a través de la recaudación.

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