Ajustes criminales, capítulo 3, 3 de junio de 2010

en Materiales/Sin categoría

La mano visible del mercado en España y su dependencia de lo público

Fase final del triunfo del neoliberalismo. Muy pocos entre nosotros creyeron a Sarkozy cuando llamó a la “refundación del capitalismo” –como si con eso fuera suficiente.  Sin embargo, hoy es evidente que iniciamos la fase final de la refundación del modelo bajo el cual el capitalismo se ha manifestado en Europa en los últimos 50 años, una fase tras la que no sólo no cabrá ver una ya desvirtuada diferenciación entre el modelo social europeo y el norteamericano. Los trabajadores europeos sufrirán en sus carnes los ajustes neoliberales “recomendados” por el FMI y el BCE. La fase final de una etapa que se inició a finales de los 70 con la experimentación neoliberal de los Chicago Boys en el Chile Pinochetista, aplicada en los propios EEUU con Reagan, que aterrizó en Europa con la llegada de Thatcher al poder y la célebre frase “es hora de acabar con el Estado del Bienestar” de su investidura; para acabar introduciéndose en el continente por el entonces modélico Reino de España. Y es que, tras nuestra modélica transición, iniciamos el postfranquismo con una modélica liberalización de la economía liderada por el hombre blanco que hablaba con lengua de serpiente: Felipe González.

 

El PSOE, agente doble del neoliberalismo en Europa. La implantación del neoliberalismo europeo empezó en el Reino de España con un gobierno PSOE y se consumará con otro gobierno PSOE si no lo impedimos. ¡Trágico destino el de ZP! Todas las “concesiones” anteriores al gran capital no han sido suficientes (desmantelamiento del sector público, enriquecimiento de las grandes constructoras con dinero público asignado a dedo, desactivación del impuesto de Patrimonio negociado con César Alierta (Presidente de Telefónica), aumento de impuestos indirectos, nuevas prestaciones populistas sin diferencia de rentas en su disfrute (cheque-bebé, rebaja de 400€ del IRPF)  y dejar intactas las SICAV que gravan los rendimientos del capital al 1% cuando los trabajadores lo hacen a un mínimo del 18%. Ahora ZP está de nuevo asediado, tanto desde el exterior como desde el interior: directamente, por una UE rendida a los intereses del capital financiero; por vía indirecta, a través de las “recomendaciones” del FMI;  por la presión de los EEUU y del mesías Obama; encerrado en un gobierno cobarde (fuerte con los débiles y débil con los fuertes); con una sociedad civil ausente y Tradeunion free; asediado por una hegemonía mediática neoliberal donde las reformas son modernas, necesarias y responsables y los que se oponen arcaicos, populistas e irresponsables; rodeado de una socialdemocracia de corbata sin más rumbo que ocupar despachos y dárselas de progres azuzando al clero pero sin tocar uno sólo de sus privilegios. Pobre ZP, que no puede aplicar una solución progresista a la crisis “como a él le gustaría”… Y es que resulta que, para solucionar la crisis financiera, primero hay que reducir el gasto social y desregular el sector productivo y sus relaciones laborales; al mismo tiempo, mantener la promesa de la regulación futura de los mercados financieros que privatizan el beneficio mientras socializan las pérdidas; y después, ya, dejar que la mano invisible del mercado actúe para que los yogures de marca blanca regresen a todos los frigoríficos del Reino. 

La mano visible del mercado en la España contemporánea. Manos, sí, pero ¿invisibles? ¡Ja! El mercado tiene segurata en la entrada (la salida es difícil de encontrar); letrero en cada establecimiento donde comprar productos y vender tu fuerza de trabajo; y unos tipos con talante social que hasta ahora daban a los “más desfavorecidos”  (en el mercado también los hay que son “favorecidos”) un vale de descuento de 20 céntimos por pack de yogures para gastarlos, siguiendo las reglas del mercado, en el establecimiento que en libertad escojamos.

El mito del mercado meritocrático es más burdo en España, si cabe, que en el resto del primer mundo (ese que alberga también el cuarto mundo). En el Reino de España, estructuralmente, las grandes fortunas no son de emprendedores ni de prohombres hechos a sí mismos sino de un número de familias que, salvo cacareadas excepciones (Amancio Ortega, dueño de Inditex, empresa ligada en no pocos informes a la explotación infantil),  se entroncan a la oligarquía  terrateniente patria desde finales del siglo XIX o a las fortunas generadas durante el franquismo con el plácet del régimen, todos ellos capaces de asegurarse una adaptación a la transformación de la economía permeando el Estado y apropiándose de los recursos públicos y sociales. Ellos han tenido y continúan teniendo el favor del Estado para apropiarse de lo público. Así fue con Alfonso XIII, con Franco, con Suárez, Felipe y Aznar, y así sigue siendo con los ZP, Bono, Camps o Aguirre. Pero, ¿Quiénes son estos “favorecidos”? ¿Qué intereses defienden? ¿Cómo hacen valer sus intereses ante los nuestros?

A continuación, otro antisistema militante y furibundo intenta responder a esas preguntas: 

1. ¿Quiénes son estos “favorecidos”?  La élite económica y financiera española. De dónde viene. Fases de gestación y consolidación. 1

Como se ha dicho, las grandes fortunas en España se han forjado y siguen forjándose gracias a la connivencia entre quienes poseen estas fortunas y quienes deciden la gestión de la administración y el Estado. Es decir, ha sido la apropiación de lo público -directa o indirectamente- en pocas manos privadas vía intervención estatal lo que ha facilitado la creación de esas grandes fortunas para favorecer a esos ilustres apellidos que representan la mano visible del mercado. Hagamos un breve recorrido histórico.

A principios del siglo XX, la gestación de la aristocracia financiera. A la nobleza y alto clero terratenientes (Medinaceli, Alba, Fernán Núñez, Arión, Peñaranda, Villahermosa, Infantado, Sástago, Lerma) le acompañaba ya una burguesía agraria aún en parte noble, una burguesía comercial y de negocios. En torno a la I Guerra Mundial, los industriales y banqueros cobran más importancia pero continúan enlazados con la gran propiedad agraria, que será ennoblecida por Alfonso XIII. La dictadura de Primo de Rivera supondrá el comienzo del intervencionismo económico del Estado que favorece a las grandes empresas (ferrocarriles, navieras, minas…), así como a la participación de grupos de presión en organismos consultivos de la economía,  y el esfuerzo del Estado por estimular  la acumulación capitalista en grandes centros, ayudando o sustituyendo en la inversión al capital privado en aquellas ramas que no sean momentáneamente rentables pero que, una vez beneficiosas, serán privatizadas nuevamente.

En aquellos años se forjó la oligarquía financiera española vinculada a los grandes terratenientes: los Rafael Benjumea (conde de Guadalhorce), Francisco Moreno, conde de los Andes, conde de Vallellano, José Félix de Lequerica, marqués de Urquijo.

Esta aristocracia financiera fue tomando el control sobre las industrias emergentes (minera, siderúrgica, naval, de construcciones mecánicas y eléctricas, energía eléctrica, explosivos, azúcares y ferrocarriles).  Todos ellos apoyarán después el levantamiento de Franco y el régimen fascista establecido tras la guerra civil.

El régimen franquista acentúa el intervencionismo estatal favoreciendo la acumulación en pocas manos. En el franquismo el Estado se convirtió en el principal agente económico del país promoviendo monopolios, defendiendo y privilegiando fiscalmente la forja de una oligarquía en la que destacan Juan March, Banús, Meliá, el naviero Aznar, Koplowitz, Barreiros, banqueros, aristócratas, tecnócratas,… y, junto a ellos, la familia de Franco. Durante el franquismo ser dieron tres procesos que van a tener todavía hoy un impacto significativo en la composición de la élite económica: 1) la continuidad y afianzamiento de la aristocracia financiera que se introducirá en las grandes industrias monopolísticas españolas; 2) la creación de Empresas Públicas; 3) la gestación de muchas de las constructoras cuyo propietarios en los últimos años han copado el top 20 de las grandes fortunas en el Reino de España –este proceso vendrá favorecido por el inicio, a finales de los sesenta y setenta, de la inversión estatal en obras públicas.

Así, en primer lugar hay que recordar que el franquismo tuvo tres grandes núcleos de poder: el Ejército, la Iglesia y la Aristocracia Financiera. La Aristocracia Financiera era una élite económica de tipo patrimonial-empresarial, cuyo poder se basa en buena parte en una red de relaciones familiares y de trato social que vincula en términos de endogamia de grupo la Aristocracia y el mundo financiero, con una gran concentración de poder. De los 112 bancos existentes en 1975, los 7 mayores disponen de casi el 70% de los ahorros. La oligarquía española, presente en todas las ramas de la industria, se hizo con las grandes empresas –generalmente ubicadas en los sectores básicos. Al finalizar el franquismo, las 68 sociedades anónimas industriales con más de 700 millones de pesetas de capital suman un 46,2 por cien del total desembolsado por las S.A. españolas. En 51 de ellas tienen consejeros comunes los cinco grandes bancos.

En segundo lugar, el boom de las empresas públicas en el franquismo supuso una ruptura absoluta con el periodo anterior. presas de los intereses de quienes las gestionaban. La corrupción y la fuga de capitales fueron una constante en todo el periodo. Los servicios y contratos prestados a empresas públicas fueron una forma habitual de ayudar a enriquecerse a amigos o familiares que después abrían la puerta de la empresa privada a anteriores gestores y altos funcionarios. Todavía hoy, la estructura de contratas de servicios y obras de mastodontes en España como RENFE y ADIF sigue presa de esos mismos canales nepotistas que enriquecen a personajes como Florentino Pérez o las hermanas Koplowitz y encarecen en gran medida esos mismos servicios. Aún siendo públicas, no estuvieron al margen de caer

 Estas empresas públicas consolidadas en aquellos años han sido y son (ahora ya privatizadas muchas de ellas) el corazón de la economía española. Por ejemplo: en 1990 seguían en cabeza las públicas Telefónica, Renfe, Endesa, Ensidesa, Empetrol/Repsol, Iberia; monopolios como Campsa y Tabacalera; empresas de sectores nada competitivos como las eléctricas privadas Iberduero, Hidrola, Unión Eléctrica-Fenosa, Fecsa, Sevillana de Electricidad; bancos como Bilbao-Vizcaya, Central, Banesto, Hispano, Santander y Popular.

En 1990, sólo alteraba el escenario de 1974 la emergencia de grandes compañías como El Corte Inglés (14ª), la Corporación Industrial y Financiera Banesto (18ª) o el grupo Torras (19ª). Tras las privatizaciones de los noventa, las actuales grandes empresas industriales y de servicios son antiguas empresas públicas privatizadas. Y de no haber sido así, ¿existirían ahora las grandes compañías de capital español como Telefónica, Repsol, Endesa, Arcelor, Iberia y tantas otras? Ya en el año 2000, tras la mayor parte de las privatizaciones, las principales empresas españolas en la lista mundial eran: Banco Santander en el puesto 46, BBVA en el 66, Telefónica en el 80 y Repsol-YPF en el 109. Les siguen Endesa, Cepsa, ACS, Ferrovial y Altadis. Las primeras representaban en conjunto el 70% del IBEX35. Fue a estas empresas, de entre un grupo poco más amplio, a las que el PSOE favoreció con su reforma fiscal en 2006 y la rebaja del impuesto de sociedades de 4 puntos.

En tercer lugar, durante el franquismo se posicionaron muchas de las constructoras que dominan hoy el panorama español y prácticamente mundial del sector (6 de las 10 empresas de obra pública más grandes del mundo son españolas, algo insólito en cualquier otro sector). Durante esos años se produjo la creación y progresivo fortalecimiento de empresas favorecidas por la elección en la prestación de servicios por parte de la administración franquista como Ferrovial, Fadesa o distintas constructoras que han ido fusionándose o renombrándose. Aunque todavía a final del periodo franquista estos empresarios no ocupaban los primeros puestos del ranking, con el boom de obra pública (desde los años ochenta hasta ahora) e inmobiliario (desde los noventa hasta ahora) se han posicionado en los primeros lugares –como luego veremos.

A finales del franquismo, en 1977, la oligarquía financiera penetraba los consejos de administración de las principales sociedades anónimas. Estudios sobre la presencia en consejos de administración en la banca privada, industrias eléctricas, del cemento y azucareras, sector petróleo, monopolios públicos y el INI concluyen una lista de las veinte personas más influyentes a los que con frecuencia se suman cargos oficiales y títulos nobiliarios:

“los presidentes de los bancos Español de Crédito, J.M. Aguirre Gonzalo; Pastor, Condesa de Fenosa; Santander, Emilio Botín; Vizcaya, Pedro Careaga; de España, L. Coronel de Palma; Ibérico, Alfonso Fierro; el administrador de Banesto y dos veces ministro Gregorio López Bravo y J. Mª Ruiz Mateos; los empresarios industriales José Barreiros, automóvil; Claudio Boada, INI; Mario Caprile, Fábrica Española de Magnetos; Luis Carulla, Gallina Blanca; Nicolás Franco, Renault; Antonio Garrigues, Colgate- Palmolive; Bartolomé March, FECSA; Manuel Márquez Balín, Standard Eléctrica; J. Mª Oriol y Urquijo, Hidroeléctrica Española; José Banús, construcción; los del comercio como Ramón Areces, El Corte Inglés y de la prensa, Carlos Godó, propietario de La Vanguardia”2.

Ya en el postfranquismo, la expansión del sector y el gasto público durante los siguientes tres decenios ha convertido al Estado en centro de todas las demandas y la gestión del Estado ha seguido priorizando el enriquecimiento de unos pocos a costa del trabajo y el bolsillo de la mayoría. 

Entre 1980 y 1994, el gasto público se multiplicó por 6,2. Por el sector público pasaba la mitad del producto interior bruto de la economía española. Las grandes fortunas penetraron igualmente los sectores que dependían de la prestación privada de obras y servicios (infraestructuras, subvenciones a empresas)  y siempre han presionado para que el estado deje de acometer por su cuenta más obras y servicios (como ejemplo la progresiva descapitalización de la sanidad, la educación y los fondos de pensiones, acompañada de la externalización, la concertación y la promoción vía deducción fiscal, respectivamente). No olvidemos que esos fueron los años más jugosos de la cultura del pelotazo española. 

Los partidos en el poder trataron de beneficiarse de esa cultura de la corrupción del Estado español para asegurarse una financiación privilegiada o para enriquecerse personalmente. Así, es conocido que el PSOE primero y el PP después levantaron un conglomerado de empresas para financiarse y mantenerse en el poder a través de una serie de empresarios cercanos a los partidos, aspirando a controlar las cajas de ahorros y los consejos de administración de los grandes bancos, aprovechándose de la reconversión industrial para poner las empresas estatales en manos de personas cercanas al partido y controlando las emisoras de Radio y Televisión privadas.

Esta situación incluye negocios de ventas de armas, prebendas derivadas de las compras del petróleo y del gas, el comercio de Estado, comisiones de los convenios económicos internacionales o pactos secretos con empresarios de la comunicación para el reparto de la Televisión privada3.

Al final del siglo, entre las 300  grandes fortunas españolas todavía se contaban muchas con al menos medio siglo de veteranía y, por tanto, realizadas o consolidadas durante el franquismo. Son las siguientes:

“[Estaban los que eran  ricos antes del franquismo]: Abelló, Aguirre, Banús, Benjumea, Botín, Castelo, Cortina, Delclaux, Entrecanales, Fierro, Folch, Granca, Larios, March, Márquez de Prado, Masaveu, Matutes, Osborne, Pablo Romero y Pastor; los ‘nuevos ricos’, fortunas creadas en la Dictadura de Franco (entre otros, Amusátegui, Areces, Aristraín, Beteré, Carulla, Coronel, Eguizábal, Fernández Tapias, Ferrero, Juncadella, Lladró, Pascual, Raventós, Revilla, Sánchez Ruipérez, Suñer y Villar Mir). En fin, en expresión muy popularizada, los miembros de la ‘cultura del pelotazo’ (Vilá Reyes, J.C. Muntadas Prim, J. de la Rosa, M. Prado y Colón de Carvajal, Mario Conde, Jesús Gil y otros). Y también alcanzan grandes fortunas en las cuatro décadas del franquismo importantes directivos de la banca (Botín, Entrecanales, Gómez Acebo, March, Masaveu, Matutes, Oriol, Rafael del Pino, Epifanio Ridruejo, Urquijo, Valls Taberner, Ybarra…), altos funcionarios (Benjumea, L. Calvo Sotelo, Díaz Hambrona, Sáinz de Vicuña), militares (varios Borbones, Álvarez de Toledo, Martín Alonso, Martínez Campos, Varela…) y diplomáticos (Areilza, Cortina, los Gómez-Acebo, Lequerica, Lojendio, Pan de Soraluce, Sanz Briz)”4.

¿Cuáles son hoy las grandes fortunas?

Cincuenta family offices. Desde hace 20 años, los grandes patrimonios se organizan en torno a los llamados holdings de empresas familiares, es decir, entramados de sociedades que les generan, ante todo, suculentos ahorros fiscales. Algunos (unos 50) tienen gestores exclusivos, llamados “family offices”, de los que fueron pioneros los Del Pino, March o Alicia Koplowitz.

En 2008, genéricamente las grandes fortunas iban parejas a las grandes empresas españolas donde ya se habían introducido preferentemente las constructoras:

“los grandes financieros (Botín, March, Fierro, Urquijo, Vilarasau, Conde y de la Rosa, Ruiz Mateos, Abel Matutes), las grandes empresas de la alimentación (Telepizza, Campofrío, Navidul, Fontaneda, Pescanova), los grupos Helios y Fuertes, Pascual, Mercadona, Pamesa, Caprabo, Cola Cao, Chupa-Chups, Gallina Blanca, Panrico-Donut, embotelladoras de Coca-Cola, Revilla), moda (Zara, Adolfo Domínguez, Cortefiel, Tapiocca), las bodegas (Eguizábal, García Carrión, Falcó, Osborne, Domecq, Torres, Freixenet, Codorníu), la cementera Asland, las constructoras (Koplowitz, Entrecanales, Ferrovial de Rafael del Pino, ACS de Florentino Pérez, Espacio de Villar Mir y otros negocios de gente del fútbol como Jesús Gil, Lorenzo Sanz, J. L. Núñez, Ruiz de Lopera,…), el acero (Aristraín, Ybarra) Y servicios como Aguas de Barcelona, Agbar, Catalana de Gas o los “Reyes del Juego”). Y el mundo editorial Prisa, Planeta, Aranzadi o Anaya –periódicos y emisoras de radio y televisión.

Se puede concluir que la transición ha transformado poco la estructura del poder de las “viejas oligarquías financieras” articuladoras de la clase alta y el poder político, si bien los sectores de actuación se han visto modificados. En un relato que nada tiene que ver con la meritocracia (pues los recursos obtenidos del éxito profesional suman tan sólo el 13%) el enorme gasto público en obras e infraestructuras unido al boom inmobiliario y la corrupción les ha favorecido para que se encumbraran a los primeros puestos del ranking del mercado libre. Antes de que se produjera la temida contracción del sector, en 2006 trece de los 20 españoles con mayor patrimonio habían amasado buena parte de su fortuna en la construcción y promoción inmobiliaria. Junto a esas fortunas surgidas del ladrillo y de nuestros bolsillos ha surgido una nueva generación de adinerados, de modo que los 50 personajes más ricos de la Bolsa española suman un patrimonio de 95.000 millones de euros, el 10% del PIB. Los paquetes accionariales de las veinte mayores fortunas que cotizan en bolsa valían en 2003 16.628 millones de euros, y cuatro años después, 54.000 millones: en cuatro años, triplicaron su enorme riqueza. Además, al margen de las empresas cotizadas, todavía con cierta transparencia, los patrimonios personales quedan confundidos en una maraña de fundaciones, cuentas en paraísos fiscales, propiedades inmobiliarias bajo testaferros, compañías patrimoniales, family offices y sociedades de inversión colectivas –SICAV5.

Finalizando, en la particular clasificación de españoles en los últimos años en la lista de multimillonarios de la revista Forbes (poseedores en el mundo de más de mil millones de dólares) existe un claro predominio de constructores o promotores inmobiliarios. Entre quienes entran y salen de esa lista encontramos a Amancio Ortega, dueño de Inditex (participaciones grandes en Banco Pastor, NH Hoteles o Afirma –antigua Astroc) con una fortuna de 25.000 millones de dólares, el español más rico y noveno del mundo; Rafael del Pino (recientemente fallecido) del grupo constructor Ferrovial (FCC.MC) con 8.600; Enrique Bañuelos, fundador de Astroc y hoy dueño de la mayor inmobiliaria de Brasil con 8.600 millones; y, entre 1.000 y 4.000 millones, Luis Portillo (ex presidente de la inmobiliaria Colonial), Luis del Rivero (presidente de la constructora Sacyr Vallehermoso); José Manuel Loureda (ex presidente de Sacyr Vallehermoso); los hijos de Juan March; Rosalía Mera, ex mujer de Ortega (que continúa en los consejos de Inditex y la farmacéutica Zeltia); Alicia y Esther Koplowitz (Fomento Construcciones y Contratas –FCC); los “Albertos” Alcocer y Cortina; los Botín (Banco Santander, SCH); Isak Andic de Mango; los Polanco (Prisa: televisión, radio, editoriales); Manuel Jove (Fadesa) y Gabriel Escarrer (Sol Meliá).  

2. ¿Qué intereses defienden los “más favorecidos” por el mercado y qué refundación del capitalismo les interesa?

2.1 Luchar contra el déficit del Estado y no contra las causas reales y sistémicas de la crisis. El sistema financiero ha generado la crisis. En respuesta, los Estados usaron el dinero de los contribuyentes, billones de dólares y euros, para sacarles las castañas del fuego y ahora son los mercados financieros los que aprietan a los Gobiernos para que reduzcan el déficit que ellos mismos han provocado. Todo ello en una realidad en la que los bancos están subvencionados de manera encubierta al poder acudir al Banco Central Europeo para que les preste dinero al 1% de interés, mientras ellos lo prestan como mínimo al 5%. La banca y las gestoras de inversión (quienes marcan las reglas es el sistema financiero internacional) influyen en la decisión política de múltiples maneras, la más mezquina a través de las entidades de rating controladas por grandes empresas multinacionales que, a su vez, poseen capital cruzado con la banca.  A esa mano visible del mercado le interesan unas medidas contra la crisis centradas en hacer frente al déficit del Estado (sin atender por tanto las causas de la crisis sistémica) basadas en la reducción del gasto público y el incremento de impuestos indirectos (en los que Botín y tú pagáis lo mismo). Así que vamos a pagar la lucha contra el déficit del Estado nosotros y no ellos cuando al contrario de lo que tanto se cacarea en los medios de (des)información, ellos chupan mucho más del Estado que nosotros.

Los favorecidos por el mercado escogen las estrategias para paliar el déficit del Estado a la carta. En España esto se ha visto en dos modos. Primero, haciendo recaer el monto de las reformas de ZP sobre otros hombros y no los suyos: rebaja de una media del  5% en los salarios de empleados públicos (no sólo funcionarios), congelación de pensiones,… –además se van a beneficiar de una reforma laboral que abarata todavía más los costes laborales. Segundo, han conseguido que ZP centre su estrategia (ya sé que es incapaz de hacer tal cosa: una “estrategia”, pero bueno, él lo cree así) para meter mano en la cartera de los más ricos a través de una subida del IRPF cuando eso, en las mayores fortunas, es del todo inútil.

Las grandes fortunas prestan muy poca atención a unas cuentas bancarias en las que sólo tienen colocado el 2,6 por ciento de su riqueza. Incluso alguno de los supermillonarios oficiales declara no tener un duro en depósitos bancarios. Lo tienen en gestoras, bancos especializados, “chiringuitos” y paraísos fiscales. Acumulan sus fortunas en inmuebles, empresas, tierras y cuentas bancarias, pero mantienen una característica en común: su habilidad para pasar inadvertidos. Hoy, las grandes fortunas españolas tienden a diversificar inversiones y, de hecho, a reducir su presencia en la Bolsa. A través de sociedades de inversión, en 2007 tenían invertido casi un 40 % de sus valores en acciones extranjeras. Por todo ello, si se quiere meter mano a las grandes fortunas no puede ser a través de sus declaraciones fiscales.

Estas fortunas no se pueden medir en sus rentas como personas físicas (lo suelen hacer  además en buena medida como figura jurídica beneficiándose de tipos más bajos); si se les quiere meter mano hay que neutralizar la maniobra de desviar capitales a paraísos fiscales, aniquilar las cajas de dinero negro y gravar de verdad  sus ingresos provenientes de la especulación financiera mediante  las inversiones en sociedad, principalmente mediante el chollo de las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable).  ¿Qué es una SICAV y por qué el gran capital se favorece por su existencia? Las SICAV son Sociedades Anónimas acogidas a la legislación específica de Instituciones de Inversión Colectiva que gozan de importantes ventajas fiscales como supuesta contrapartida al cumplimiento de una serie de requisitos exigidos por dicha legislación: Número de accionistas igual o superior a 100; 2,4 millones de euros como capital mínimo; limitaciones a las inversiones; capital variable entre el mínimo y máximo fijado estatutariamente; tutela y control de la CNMV y Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Las SICAV están gravadas con 1% en el Impuesto de Sociedades mientras el capital está dentro de la SICAV y con un 18% del beneficio neto cuando el capital se rescata, lo que les equipara con el gravamen del beneficio de un fondo de inversión en renta variable convencional –recordemos que el tipo mínimo de un asalariado es el 24%6. ¿Por qué son más interesantes las SICAV que los fondos de inversión en renta variable habituales para las grandes fortunas? 1) Se benefician de rebajas fiscales propias de inversiones colectivas como los fondos de inversión y permiten la gestión propia de los capitales sin mediar un banco o sociedad de inversión distinta. 2) Reciben menor presión fiscal anual legal. 3) Tienen  menor presión de las investigaciones fiscales del Estado (inspectores de Hacienda) y disfrutan de la alegalidad de los mecanismos de fraude fiscal –sacar el beneficio y no el capital inicial. Las grandes fortunas lo hacen mediante reducciones de capital y no con la venta de las acciones o la distribución de dividendos.4) Si el titular del vehículo fallece, sus hijos no tendrán que pagar nada a Hacienda porque en España no existe la 'plusvalía del muerto'. Tampoco tributarán por Sucesiones. Aunque la constitución de una SICAV exige un mínimo de 100 accionistas, es público que la mayoría de las casi 3.400 sicavs que existen en España son unifamiliares o casi. Las SICAV de las grandes fortunas son en realidad sociedades individuales y no colectivas, con la colaboración de los llamados “mariachis”: personas que cubren el cupo hasta llegar hasta 100% pero que en realidad solo actúan de relleno. Por ejemplo: la SICAV de un gran potentado como Amancio Ortega. Por eso pueden los grandes reducir capital a su antojo cuando en una verdadera sociedad colectiva sería mucho más difícil conciliar intereses; por eso no se deberían beneficiar de las ventajas fiscales de sociedades colectivas de inversión.¿Quiénes tienen SICAV con “mariachis”? Alicia Koplowitz, (accionista de referencia de la SICAV Morinvest, 452,616 millones);  Amancio Ortega (Gramela), Rosalía de Mera (Soandres), Manuel Jove, José Luis Núñez (ex-presidente del F.C. Barcelona), la familia Polanco (PRISA), la saga de los Asensio –Grupo Zeta- (Platino Financiera), los Fernández-Somoza o los Del Pino (Ferrovial) también han refugiado gran parte de su capital en depósitos. Soixa, sociedad que canaliza 175 millones de euros de la familia Hernández Callejas, accionista principal de Ebro Puleva. También Almodóvar tiene su SICAV: Oyster Inversiones, cuyo máximo accionista era la productora El Deseo (más de un 97% del capital), presidida por el hermano del director de cine, Agustín Almodóvar. Oyster tenía cerca de 200.000 euros, casi el 5% de su patrimonio, en Lux Invest, uno de los fondos contaminados por el efecto Madoff. En ese momento la SICAV era gestionada por la sociedad del Grupo Santander, Santander Asset Management.

 

¿Quién ha sacado ya beneficio fraudulento de la Sicav?

Es público que Amancio Ortega, el hombre más rico de España, sacó 200 millones de euros de sus sicavs Keblar y Alazán. La familia Polanco hizo lo propio el pasado verano, vaciando literalmente sus sicavs Nomit IV Global, Nomit III Internacional Y Nomit Inversiones –al retirar hasta el 80% del capital.  También lo hizo la familia del Pino (Ferrovial) al reducir en un 75,3% del capital de su sociedad Keeper de Inversiones. El reembolso ascendió a unos 107 millones de euros. La familia Sanahuja, dueña del 30% de Metrovacesa, también realizó diferentes reembolsos en junio y agosto de 2009 en Cartera Cresa. Todas estas operaciones se han realizado mediante reducciones de capital, al estilo de cualquier sociedad mercantil que devuelve las aportaciones realizadas por sus socios. A efectos fiscales, el dinero que sale no tributa hasta que supere la cantidad inicialmente invertida, porque se considera que lo que se retira es capital y no las ganancias obtenidas por las inversiones de las sicavs. Es lo que se conoce como criterio FIFO (first in first out): es decir, que lo primero que inviertes es capital y lo primero que sacas también. Un fraude en toda regla teniendo en cuenta la lógica regulatoria de las SICAV.

El capital no entiende de naciones ni pueblos. En diciembre de 2009, el parlamento vasco aprobó el aumento de los impuestos a las SICAV hasta 28%, igualando su tributación a al de las sociedades mercantiles. Tras este movimiento se produjo una desbandada de sociedades hacia Madrid, donde seguirían pagando el 1% y el 18% en el momento del rescate.  Y es que un argumento muy recurrente es que las SICAV “no se pueden tocar porque al día siguiente están domiciliadas en Luxemburgo”. Siendo necesaria una acción coordinada de todos los países importantes para endurecer todos a la vez las normas, el primer paso es presionar a los estados para perseguir el fraude fiscal de verdad y no a cámara lenta. 

El estado, actuando contra sí mismo, desoye las recomendaciones de los profesionales. Los inspectores de Hacienda llevan muchos años aconsejando medidas para un plan integral contra el fraude fiscal que está en permanente letargo, habiendo realizado propuestas como la suspensión de las SICAV, el fortalecimiento de las investigaciones de delitos fiscales o la reforma del régimen de módulos, uno de los principales focos de fraude según los inspectores. Sin embargo, el director de la Agencia Tributaria (que es el órgano que está elaborando el plan), Luis Pedroche, se ha convertido en el principal defensor de la fiscalidad de las sicavs, pese a que fue el instigador de la ofensiva inspectora contra estos instrumentos en 2005 que provocó un enfrentamiento entre Hacienda y el entonces presidente de la CNMV, Manuel Conthe. La polémica la cerró Pedro Solbes poniéndose de parte de Conthe.

Las estrategias de evasión fiscal de los favorecidos del mercado aprovechan la sospechosa lentitud del Estado al intervenir en el fraude. Esto lleva a que hoy las SICAV estén empezando a dejar de ser el último grito de las inversiones. Algunos analistas aseguran que las SICAV (3.365 según la CNMV) están cayendo en desuso porque hay otros instrumentos financieros más ventajosos: invertir en ladrillos y compañías británicas y estadounidenses; fondos de inversión internacionales como Fidelity, Chase Manhattan o UBS;  fondos de capital riesgo o compra de edificios para que se pierda la pista a un capital que antes era visible. Alicia Koplowitz, por ejemplo, lleva cinco años operando diferentes firmas de su propiedad, radicadas en Irlanda, denominadas fondos de inversión libre o “hedge funds” –menos controlados, más estables y versátiles. Una variante más exclusiva de éstos, las Sociedades de Inversión Libre (SIL, dirigidas a patrimonios individuales) está llegando a España y, al parecer, “los ricos están como locos con ese vehículo”. Otro instrumento que gana fuerza son las firmas de capital riesgo (SCR). Cada vez hay más (Quercus, de los Carulla, Qualitas de los Polanco, Hemisferio de los Lara, MCI de los Molins), ya que permiten derivar fondos y utilizarlos al gusto mientras no se cierran las operaciones.  Y es que las SICAV no han sido, son, ni serán el único instrumento de evasión fiscal de los especuladores favorecidos por el mercado y los estados.

Los impuestos que se quedan sin pagar por culpa de los paraísos fiscales. Esta es una técnica aplicable tanto por empresas como personas físicas. Entre las primeras es conocido (y no deja de ser ilegal) que se benefician de esta estrategia especialmente las grandes empresas. Por ejemplo: Telefónica, Repsol y BBVA son las tres empresas del Ibex 35 con mayor presencia en estas áreas, pero son muchas las corporaciones que utilizan los paraísos fiscales para obtener beneficios: Santander Central Hispano, Banco Sabadell, Banco Popular, La Caixa, entre otras. La mitad de las empresas que cotizan en el Ibex 35 poseen sociedades en paraísos fiscales. Por otra parte, resulta igualmente lacerante el continuo escándalo de las figuras del deporte o la canción que se han estado domiciliados junto con sus capitales en paraísos fiscales: Andorra (Javier y Arantxa Sánchez Vicario, Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, Antoni Rosa Marvá, Alex Crivillé, Sito Pons); Miami (Julio Iglesias, Raphael, Bertín Osborne); Mónaco (Severiano Ballesteros, Carlos Sáinz, Emilio Sánchez Vicario, Plácido Domingo, Abraham Olano); Suiza (Conchita Martínez, Manuel Prado y Colón de Carvajal);  Alejandro Sanz, Ana Torroja, Dani Pedrosa y un largo etcétera. En términos generales, 9 de cada 10 multimillonarios españoles eluden sus obligaciones fiscales simulando fijar su residencia y la de sus fortunas en otros países, pero a ningún gobierno se le ha ocurrido todavía combatir ese fraude monstruoso y esa conducta antisocial despojándolos, por ejemplo, de la nacionalidad española, declarándoles “personas non gratas” e impidiéndoles la entrada en territorio español o la posibilidad de competir por el Reino de España en el caso de los deportistas –una propuesta realizada de hecho por los Inspectores de Hacienda del Estado, IHE.

Eliminación del impuesto de patrimonio y desactivación del impuesto de sucesión y donaciones, a su vez transferido a las autonomías. Ambas reformas realizadas por el PSOE bajo la batuta de ZP.

2.2 Desmantelamiento y apropiación privada del sector público. Bajo el argumento de reducir el gasto público y la falacia de la mayor eficacia de la gestión privada se desmantela el sector público y las grandes fortunas españolas (ahora también extranjeras) se apropian de él. Esto se hace por dos vías:

1) descapitalizando y depauperando conscientemente los servicios públicos para después externalizarlos sin control en todo tipo de áreas que pasan a generar lucro en manos privadas, además de degradarse la prestación propia de esos servicios y del empleo que generan.

2) Privatizando directamente las empresas públicas, como ocurre desde mediados de los ochenta (especialmente inicios de los noventa), fueran estás empresas deficitarias (muchos servicios del estado no tienen porqué dar beneficios contables directos sino que proveen de beneficios sociales o también económicos indirectos) o muchas otras generadoras de pingües beneficios. Daba lo mismo. En las primeras, el capital se desprendió de lo que no era rentable; las segundas han sido utilizadas como lanzadera multinacional de la empresa española.

2.3 Con el desmantelamiento de lo público pasamos de ser ciudadanos con derechos (educación, sanidad o pensiones) a clientes de las grandes empresas y fortunas –contratando seguros sanitarios privados, pagando por educación privada, o contratando fondos de pensiones.

2.4 Las reformas laborales abaratan nuestro trabajo y debilitan nuestra capacidad de ejercer derechos. A través de las reformas aprobadas en el pasado y las que están siendo diseñadas en estos momentos a imagen y semejanza de las recomendaciones del FMI (el cual incita al gobierno a no contar ni siquiera con los “actores sociales” ya domesticados), el capital y la clase empresarial consiguen disponer de nuestra fuerza de trabajo y de la plusvalía que nosotros y no ellos generamos, de manera más barata y sumisa, facilitando el despido (hoy ya prácticamente libre en la mayor parte de casos) y promoviendo el aumento de los beneficios del capital a costa de los salarios, hoy ya ínfimos en el propio PIB español.

2.5 El control de los “mercados” de la decisión política. Cuando los especuladores y la clase empresarial controlan la decisión política, se produce un doble efecto.

Primero: promueven medidas estructurales a la carta supuestamente dirigidas a estabilizar la macroeconomía, reduciendo el déficit del estado y ofreciendo “tranquilidad” a los mercados –es decir: a los inversores. La solución de la crisis financiera la dicta quien provocó la crisis y para su propio interés.

Segundo: el capital autóctono consigue acomodar sus intereses más cercanos, como se ha comprobado al mantener el “Plan E” durante dos años como principal herramienta del gobierno PSOE contra la crisis. ¿Por qué si no, cuando la dependencia del sector de la construcción era una debilidad de la economía española, hemos seguido enriqueciendo con dinero público a las grandes constructoras?

2.6 Las “nuevas” multinacionales españolas dictan la política exterior española. Es un hecho que la diplomacia española (tan decimonónica ella) está al servicio de las multinacionales, promoviendo sus intereses espurios y muchas veces criminales en América Latina, África o Asia y actuando cobarde y vilmente en conflictos como el genocidio israelí sobre el pueblo palestino. 

 

 

 

Firma: otro antisistema militante y furibundo, valgan ambas redundancias.

ASSI –Acción Social y Sindical Internacionalista. Zaragoza.

 

 

1- Este apartado bebe en muchos de los datos aportados del siguiente artículo: Fernández Clemente, Eloy (2008) Élites y poderes económicos en la España del siglo XX, Cuadernos de Historia Contemporánea 57, vol. 30, 57-82.

2- TAMAMES, Ramón: Oligarquía financiera en España, Barcelona, Planeta, 1977, dedica el capítulo quinto a “Los centros del poder económico”, pp. 143-230

3- DÍAZ HERRERA, José & TIJERAS, Ramón: El dinero del poder. La trama económica en la España socialista, Madrid, Cambio 16, 1991. En parecido tono: GARCÍA ABADILLO, Casimiro: De la euforia al descrédito: crónica del dinero, Madrid, Espasa Calpe, 1995.

4- YNFANTE, Jesús: Los muy ricos. Las trescientas grandes fortunas de España, Barcelona, Grijalbo, 1998, pp. 175-176

5- CÁRDENAS, Juan, OLTRA, Christian & RODRÍGUEZ, Josep A.: El poder económico nacional y transnacional en Europa. Investigación financiada por el Programa sectorial de Promoción General de Conocimiento (1999-2002). Redes sociales, capital social, acción colectiva, poder, Barcelona, 2002 [http://www.ub.es/epp/redes/poder.PDF]. 84 RODRÍGUEZ DÍAZ, José Antonio: “Revisitando el poder: cambios en la estructura del poder económico español (1991-2000)”, Sistema, 172 (2003), pp. 3-26.

6- Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva. Se completa con el Real Decreto 1309/2005, de 4 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003.

Deja un comentario

Your email address will not be published.

*