REPORTAJE. Caravana por la libertad

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Los siete aragoneses que participaron en la caravana nacional e internacional que recorrió las diferentes comunidades zapatistas de Chiapas criticaron ayer en Zaragoza el "hostigamiento" al que somete el Gobierno de México a los indígenas para que abandonen sus tierras.

El objetivo de este viaje era observar la situación de estos indígenas y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y apoyar su lucha. Por ello, durante doce días, 300 personas provenientes de Es paña, Italia, Grecia, Francia, Estados Unidos y de distintos estados mexicanos participaron en este encuentro.

"Tanto el gobierno federal mexicano como el estatal, hostiga, acosa y amenaza a los zapatistas para que abandonen sus tierras, ya que en los territorios que abarcan estas comunidades hay intereses económicos y quieren echarlos como sea", expuso Nati Almárcegui, una aragonesa que pertenece a Acción Social Sindical Internacionalista y fue una de las personas que realizó la expedición en caravana a Chiapas. "Se está vendiendo su territorio, que es rico en petróleo a empresas privadas y también se han financiado grupos militares para que se les hostigue y que así abandonen sus tierras, pero el pueblo chiapaneco no va a dejar de luchar y reivindicar la libertad de los presos políticos", contó.

Además, Almárcegui se refirió al encuentro que tuvieron los representantes del Ejecutivo aragonés el 14 de junio en la inaguración de la Expo con los representantes del gobierno mexicano. "Esperamos que entre el ejecutivo aragonés y el mexicano no haya complicidad, porque tanto el presidente de México, Felipe Calderón, como el presidente estatal Juan José Sabines, son unos violadores sistemáticos de los derechos humanos", añadió.

Otro de los participantes aragoneses en esta peculiar caravana, Héctor Martínez explicó que hasta los años 90 la comunidad zapatista vivía en régimen de esclavitud feudal sufriendo todo tipo de vejaciones y malos tratos. En 1993 recuperó sus tierras y negoció con el gobierno para ser considerados ciudadanos de pleno derecho. Pero el Ejecutivo mexicano los declaró ciudadanos de interés, lo que no garantiza los derechos de estas personas y los mantiene en una situación de inferioridad respecto al resto de los ciudadanos.

Ante esta situación, las comunidades indígenas se rebelaron el 1 de enero de 1994 y desde hace casi diez años están gestionadas por las Juntas de Buen Gobierno. Estas juntas están organizadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y permiten que este colectivo actúe con autonomía, respecto al Gobierno mexicano, en materias educativas, alimentarias y sanitarias.

 

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