El EZLN y la GBI en Chiapas: Derechos indígenas contra corporaciones transnacionales.

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El planteamiento central de este trabajo de investigación, realizado por Paulina Fernandez Christlieb, es que la guerra en Chiapas continúa porque detrás de la negativa del Estado mexicano a respetar y garantizar constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en los Acuerdos de San Andrés, están los intereses de corporaciones transnacionales sobre los recursos naturales estratégicos que se localizan en el territorio del sureste mexicano.

Cerrado el camino legal, cancelada la salida política, y decretado el fin del conflicto, el gobierno federal mantiene en marcha -a la vez que niega- una guerra de baja intensidad, mientras el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en respuesta, sin renunciar a las armas, se ha dedicado a llevar a la práctica los derechos indígenas,consolidando la organización de las comunidades bases de apoyo en los municipios autónomos y reorganizando sus relaciones con la sociedad civil nacional e internacional.

 

 

El EZLN y la GBI en Chiapas:

Derechos indígenas contra corporaciones transnacionales

 

 

Paulina Fernández Christlieb*



Resumen

El planteamiento central de este trabajo de investigación es que la guerra en Chiapas continúa porque detrás de la negativa del Estado mexicano a respetar y garantizar constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en los Acuerdos de San Andrés, están los intereses de corporaciones transnacionales sobre los recursos naturales estratégicos que se localizan en el territorio del sureste mexicano. Cerrado el camino legal, cancelada la salida política, y decretado el fin del conflicto, el gobierno federal mantiene en marcha -a la vez que niega- una guerra de baja intensidad, mientras el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en respuesta, sin renunciar a las armas, se ha dedicado a llevar a la práctica los derechos indígenas, consolidando la organización de las comunidades bases de apoyo en los municipios autónomos y reorganizando sus relaciones con la sociedad civil nacional e internacional.

 

Abstract

The primary focus of this particular research, is that war in the State of Chiapas continues because behind the government’s refusal to guarantee and respect the constitutional rights of the indigenous people, acknowledged under the San Andres agreement, there is a financial interest of transnational companies over the strategic natural resources of Southeast Mexico. Having rejected all legal and political negotiations, and after announcing the end of the conflict, the Federal Government moves forward with –and simultaneously denies – a low intensity war, while in response the National Liberation Zapatista Army (EZLN) without abandoning the armed struggle, has continued enforcing the rights of the indigenous people while focusing on its support base of communities in the autonomous municipalities, and reorganizing its relationships with the civilian population of the national and international communities.

 

Palabras clave

Chiapas, Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerra de baja intensidad (GBI), contrainsurgencia, corporaciones transnacionales, derechos indígenas, Acuerdos de San Andrés, paramilitares, desplazados de guerra, municipios autónomos, Plan Puebla-Panamá.

 

 

1. Riquezas naturales y guerra en la globalización neoliberal

 

Los pueblos indios del estado de Chiapas se encuentran asentados en una zona que posee riquezas fundamentales para la acumulación del capital en esta época de globalización neoliberal. Petróleo, minerales, agua, potencial turístico, posición geográfica en cuanto tal, y biodiversidad, son algunos de los valiosos recursos naturales que se localizan en el territorio del sureste de México, en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estos recursos naturales que se comparten con Centroamérica extendiéndose desde el Itsmo de Tehuantepec hasta Panamá, son los que le han dado a la región una importancia estratégica codiciada por las grandes corporaciones transnacionales, y que han motivado al Estado mexicano a resguardarla con fuerzas policiacas y militares, aún antes del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.

A diferencia de recursos como el petróleo o el uranio, la biodiversidad no se ha asumido plenamente como riqueza estratégica de un país o de una región, no sólo porque su aprovechamiento depende de un nuevo patrón técnico ecológico de producción, en el que destacan la biotecnología y la ingeniería genética -tecnologías poco difundidas-, sino también porque los grupos de poder interesados en las riquezas biológicas del mundo se han encargado de mantener desinformada a la población afectada acerca de sus proyectos, del potencial de esos recursos y de las extraordinarias ganancias que producen. En la actualidad la importancia de la biodiversidad de México y en particular de la de Chiapas, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), alcanza proporciones de primer orden en relación con la soberanía del país y las perspectivas para el estado, habiendo cobrado una dimensión estratégica tanto desde el punto de vista empresarial como militar.1

El incremento de las guerras en los últimos años y en diferentes continentes, así como el aumento de los gastos militares y de la guerra armamentista, son indicadores de que en la globalización y el libre comercio la industria bélica ocupa un lugar destacado. En la competencia mundial por el control y apropiación de los territorios y las comunicaciones, el gran capital transnacional ha favorecido la militarización y paramilitarización de diversas regiones, cuando éstas devienen económicamente estratégicas para la expansión del libre flujo de capitales y la globalización industrial. En la búsqueda de recursos naturales y genéticos del mundo, los intereses del mercado transnacional han adjudicado un nuevo valor y significado al espacio, a los territorios, asignando a la población que los habita un papel subordinado al proceso de expansión e integración comercial, al mismo tiempo que convierten cualquier elemento económico o cultural en potencial mercancía susceptible de ser privatizada.2

Más allá del interés creciente de las empresas transnacionales dedicadas a la venta de armas, es necesario destacar que entre las causas de guerra -desde la década 1990- predominan las motivaciones vinculadas al control de los recursos naturales estratégicos, así como la consecuente resistencia campesina e indígena contra las corporaciones transnacionales expropiadoras de tierra.3


2. Recursos estratégicos y militares en Chiapas

 

Para los estrategas neoliberales y privatizadores, la región en donde se ubica el estado de Chiapas es observada como un espacio en el que abundan recursos estratégicos naturales y culturales que hay que descubrir, lo cual supone por un lado, un arduo trabajo de exploración petrolera, minera, biológica e hídrica, y por el otro, implica generar procesos de expulsión de la población, como se ha hecho en otras regiones del planeta. En esta lógica, el asentamiento y la distribución de núcleos militares, policiacos y paramilitares en diferentes lugares de Chiapas pero particularmente en la llamada zona de conflicto, significa una compleja realidad militar, económica, social, política y cultural, en la cual el objetivo de controlar al EZLN no es el único.4

En este contexto, si bien el origen de la estrategia de guerra de baja intensidad se encuentra en la inoperancia de la estrategia de la represalia masiva y la consecuente derrota del ejército de Estados Unidos en Vietnam5, en el caso específico de Chiapas su aplicación obedece a un doble propósito complementario: preservar los recursos naturales que una guerra de exterminio devastaría, al mismo tiempo que destruir el tejido social de las comunidades indígenas asentadas en los territorios donde abundan esas riquezas naturales. Este doble propósito explica la correlación que existe en Chiapas6 entre la presencia de fuerzas castrenses, policiacas y paramilitares, en menor o mayor cantidad, según se trate de zonas densamente pobladas o de abundantes recursos naturales.

En dos importantes regiones chiapanecas, Los Altos y el Norte, con una alta densidad de población tzotzil, tzeltal y chol, se encuentra la mayor presencia de militares y paramilitares de todo el estado, mientras que en la reserva de Montes Azules, demográficamente sin relevancia comparativa, pero con una hiperdiversidad biológica que hace suponer concentra el máximo número de especies de plantas y animales por unidad de superficie de todo el territorio nacional, además de un campo petrolero, ahí la presencia del ejército federal se incrementó muy considerablemente, sobre todo entre 1998 y 1999.

Del análisis del conjunto de posiciones ocupadas por grupos paramilitares, policiales y militares en la entidad, destaca en primer término su ubicación en toda la región del conflicto. La mayor parte de esos grupos se localiza en zonas donde reside gran cantidad de bases de apoyo zapatistas, además de núcleos de población no adversaria y sí potencialmente aliada del EZLN. Que uno de los objetivos principales de la presencia militar es la destrucción del tejido social comunitario que ha sustentado al zapatismo, lo demuestran diversos hechos, tales como el haber introducido relaciones mercantiles nuevas basadas en el establecimiento de hoteles, comedores y prostíbulos destinados a atender a los soldados; fomentar la prostitución femenina; introducir bebidas alcohólicas; exacerbar los conflictos comunitarios tradicionales; apoyar las expulsiones de comunidades; reclutar a los jóvenes más marginados para incorporarlos a los cuerpos paramilitares, y fomentar entre ellos el consumo de pornografía y drogas; articular el tráfico ilegal de armas de los paramilitares con el narcotráfico; brindar impunidad a los nuevos grupos de delincuentes, entre otros.7

Complementariamente a la destrucción de la vida comunitaria, las fuerzas militares tienen encomendado dominar el espacio físico y la infraestructura de la selva, con el fin de controlar al EZLN y a otras organizaciones campesinas e indígenas, de tal manera que queden protegidas las riquezas naturales estratégicas y que se pueda ir expulsando a las comunidades que, llegado el momento, pudieran estorbar la explotación y privatización de dichas riquezas. Tal es la razón por la que la armada y las Fuerzas de Tarea Arcoiris del ejército, al inicio del conflicto en Chiapas, enviaron elementos de seguridad para vigilar las presas hidroeléctricas de Peñitas, Chicoasén, Raudales Mal Paso y La Angostura; tal es también la razón de la permanencia del ejército en las viejas y nuevas regiones petroleras que se extienden por toda la Selva; tal es el motivo que ha llevado al ejército federal a incursionar en el interior de la Reserva Integral de la Biósfera de Montes Azules (RIBMA).8


3. Guerra de baja intensidad y contrainsurgencia

 

La opción de la guerra de baja intensidad (GBI), a los pocos días de que el gobierno mexicano respondiera a la declaración de guerra del EZLN movilizando unidades de élite de infantería y aviación, más acorde con una guerra convencional, es resultado de la asesoría militar de Estados Unidos, cuyo gobierno y corporaciones transnacionales hacía tiempo estaban atentos a lo que ocurría en la región.

El proceso de integración silenciosa de México a Estados Unidos iniciado años antes de la subordinación acordada bajo la forma de tratado de libre comercio tuvo como impulso original y objetivo final el control de -entre otros- los recursos energéticos de los mexicanos. El grado de dependencia de Estados Unidos respecto del petróleo árabe puesto en evidencia con el embargo de la OPEP en 1973, hizo que México se convirtiera en un asunto de seguridad nacional para el Pentágono y la Casa Blanca.9 Ante el altísimo costo que tendría una acción militar directa sobre México para garantizarse el suministro de hidrocarburos, Washington buscó incidir en la política petrolera mexicana por otras vías, encontrando en el ámbito financiero el punto más adecuado, por vulnerable. En muchos otros lugares y por esos mismos años, la deuda externa se empezó a utilizar como arma para obligar a los países subdesarrollados a adoptar las políticas de ajuste estructural definidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).10 En México se aprovechó la coyuntura para obtener del gobierno mexicano, a través de la Carta de Intención con el FMI de 1982, las bases para propuestas contrarias a la Constitución Política mexicana, favorables a la participación de intereses privados y extranjeros en los complejos petroquímicos y de gas natural. La geopolítica estadounidense requería también incrementar su presencia militar en América Latina, lo cual logró de manera notable desde el principio de la década de 1990.

Con estos antecedentes y en este contexto no es de extrañar que la alarma cundiera simultáneamente en los gobiernos de México y Estados Unidos, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en el Pentágono, cuando accidentalmente una patrulla del ejército mexicano descubrió un campamento guerrillero en la Sierra Corralchén, municipio de Ocosingo, Chiapas, el 22 de mayo de 1993. Dada la prioridad concedida al mercado común de los recursos energéticos que se conseguiría con la firma y próxima entrada en vigor del TLCAN, se ocultó el hecho mientras el alto mando militar y sus asesores estadounidenses confeccionaban el plan para aniquilar a los guerrilleros. De acuerdo con datos del periodista Carlos Fazio11, so pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la acción hubiera tenido lugar el 10 de enero de 1994 de no haber sido por que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional decidió levantarse en armas el día 1°.

Los lineamientos básicos de la contrainsurgencia como eje de la guerra de baja intensidad, adoptados para Chiapas desde 1994 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y aplicados de manera más plena y decidida tras la ofensiva militar que siguió a la traición del 9 de febrero de 1995 del gobierno de Ernesto Zedillo, continúan sin mayores cambios hasta la actualidad bajo el gobierno formalmente no priísta de Vicente Fox.

A partir de la revisión crítica de los errores políticos y militares cometidos en Vietnam, los estrategas de Estados Unidos reformularon sus formas de intervención en los países del Tercer Mundo. Una de estas reformulaciones estratégicas se orientaba a evitar -sin descartar por completo- la invasión militar directa, sustituyéndola cuando fuera posible, por una guerra prolongada de desgaste, conceptualizada como Guerra o Conflicto de Baja Intensidad12. Pero todo es relativo. La baja intensidad se refiere al nivel de injerencia de las fuerzas armadas en relación con su capacidad y poderío bélico total, de tal suerte que a los países del Tercer Mundo o a los movimientos de liberación a los que se les hace la guerra, la intensidad puede resultar altísima13.

Una de las características distintivas de un conflicto de baja intensidad (CBI) es que interrelaciona factores sociales, económicos, políticos y castrenses, por lo que no admite soluciones puramente militares14. Un CBI no es un problema simple ni de corto plazo; complejo y de varios niveles y dimensiones puede incluir diplomacia coercitiva, funciones policíacas, operaciones psicológicas, insurgencia, guerra de guerrillas, actividades contraterroristas y despliegues militares-paramilitares. Dado el uso frecuente de tácticas no convencionales, el triunfo esperado no puede ser convencional. Si bien la intensidad puede ser baja, la duración de un CBI es generalmente larga, y la victoria no deberá ser medida por la fuerza de las armas15.

El CBI o la GBI es una guerra contrarevolucionaria prolongada que se maneja sobre tres ejes (contrainsurgencia, reversión de procesos y antiterrorismo), según las circunstancias de cada país. El eje de la contrainsurgencia que hasta finales de los años 1970 se identificaba como operaciones de contraguerrilla, después se define oficialmente como "aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno para derrotar la insurgencia"16. La experiencia en el sudeste asiático obligó a introducir cambios esenciales en la doctrina de contrainsurgencia de Estados Unidos, dirigidos a aumentar la participación de las tropas nativas de los países en los que interviene, asignándoles el principal papel militar en el combate a la guerrilla, y recomendando para el ejército estadounidense funciones de asesoría17.

Los elementos que componen la doctrina contrainsurgente pueden así sintetizarse en: "el papel primordial del ejército aliado en la tarea contrainsurgente, el carácter político del esfuerzo y su combinación con reformas económicas y sociales, la necesidad de combinar las operaciones militares con las de inteligencia, operaciones psicológicas, asuntos civiles y control de la población y recursos, y la legitimación del régimen aliado a través de la disminución de la violación a los derechos humanos".18

Observadores cercanos del caso de México, desde un principio caracterizaron la GBI contra el EZLN como una estrategia esencialmente de desgaste con la cual el ejército federal intentaba agotar lentamente a su enemigo interno. Se pretendía reducir poco a poco los recursos materiales de los campesinos indígenas de Chiapas, al igual que su integridad psíquica y sus valores espirituales. En este proceso se buscaba desgastar tanto la autoridad popular de los líderes y sus aliados, como la habilidad política de los principales cuadros de las comunidades. La solidaridad nacional e internacional se obstruía constantemente. Mientras el tiempo ha transcurrido supuestamente a su favor, el gobierno mexicano no ha dejado de movilizar todos sus recursos, aparentando calma y ofreciendo diálogo a los insurgentes: "Es una guerra de agotamiento en la que no se trata de eliminar físicamente al enemigo; sino socavarlo, deslegitimarlo, aislarlo, hasta que deje de ser considerado una alternativa política válida y estable para el pueblo"19. Estas observaciones confirman la importancia del control sobre la población en la doctrina contrainsurgente, el cual se realiza con el fin de desmantelar la infraestructura de apoyo al movimiento rebelde y evitar nuevas adhesiones a su causa.

Varias fuentes coinciden en que la estrategia de guerra en Chiapas se desarrolla en tres frentes: Uno exclusivamente militar, que incluye a cuerpos especiales tales como la Fuerza de Tarea Arco Iris para combatir al EZLN, la Fuerza de Tarea Azteca, concebida para combatir al narcotráfico; y la Fuerza de Tarea del Golfo Sur, destinada a proteger las instalaciones de PEMEX y las presas hidroeléctricas. Un segundo frente compuesto por las instituciones militares y sus auxilios civiles, que abarcan desde la llamada labor social hasta la presencia de elementos militares en los cuerpos policiacos y de seguridad. Y un tercer frente dirigido a la opinión pública, que se encarga del control y el manejo de imágenes televisivas, y de mensajes de radio y prensa.20

Esta estrategia de guerra se ha desarrollado en todo momento acompañada por un lado, de un proceso de militarización y paramilitarización en numerosos municipios del estado, y por el otro, como consecuencia del primero, del desplazamiento de una población que llegó a sumar más de 20 mil indígenas en Chiapas.

 

4. Militares y paramilitares

 

Para la aplicación de la estrategia de GBI a la realidad mexicana la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) explica su lógica de contrainsurgencia y el papel de los paramilitares valiéndose de una cita de Mao Tse-Tung: "Cuando Mao afirma que 'El pueblo es a la guerrilla como el agua al pez', indudablemente que dijo una verdad de validez perdurable, pues ya hemos visto que las guerrillas crecen y se fortalecen del apoyo de la población civil, pero volviendo al ejemplo de Mao, al pez se le puede hacer imposible la vida en el agua, agitándola, introduciendo elementos perjudiciales a su subsistencia, o peces más bravos que lo ataquen, lo persigan o lo obliguen a desaparecer o a correr el riesgo de ser comido por estos peces voraces y agresivos que no son otra cosa que los contraguerrilleros."21

Diseñada en octubre de 1994, la estrategia de guerra de baja intensidad que se aplicaría en Chiapas, sigue puntualmente los elementos que componen la doctrina contrainsurgente concebida por los estrategas militares estadounidenses22, y está expuesta en el documento de la Defensa Nacional para la VII Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez titulado Plan de Campaña Chiapas 94.23 Bajo el supuesto de que el objetivo político de las operaciones del ejército federal es "alcanzar y mantener la paz", se establece como objetivo estratégico-operacional "destruir la voluntad de combatir del EZLN", aislándolo de la población civil y buscando que ésta apoye las actividades de los soldados, y se define como objetivo táctico de las operaciones "destruir y/o desorganizar la estructura política militar del EZLN".24

Una de las principales tareas que la SDN asigna a sus tropas en Chiapas es "la destrucción o neutralización de las guerrillas locales, milicianos y comandos y la seguridad y defensa de las instalaciones vitales". Asimismo se le encomienda a la VII Región Militar la "dirección, coordinación y control sobre todas las fuerzas de seguridad pública, haciéndolas responsables de la eliminación de los comandos urbanos y la desintegración o control de las organizaciones de masas", y se asigna a las fuerzas policiacas el objetivo específico de "romper la relación de apoyo que existe entre la población y los transgresores de la ley".25 Hacia este objetivo se dirigen también las acciones que provocarían en los siguientes años el abandono de casas y tierras por parte de miles de familias indígenas, a las que se obligó a desplazarse con la intención explícita de minar el sustento social y psicológico de los combatientes: "La concentración de esas bases de apoyo a otras áreas dejaría a los zapatistas sin esos elementos esenciales y bajaría la moral de los subversivos al alejarlos de su familia".26

El Plan de Campaña Chiapas 94 contiene además instrucciones para "organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil" tales como los ganaderos, pequeños propietarios, e individuos que aceptaran ser empleados y recibir órdenes de los mandos castrenses, e incluye un plan de asesoramiento que "describe actividades del Ejército en el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares". Entre las operaciones militares está previsto que "en caso de no existir fuerzas de autodefensa, es necesario crearlas".27

Fuerzas de autodefensa, contraguerrilleros, o grupos paramilitares, la denominación es menos importante que la función. El fenómeno es de larga data en el estado de Chiapas y algunas fuentes identifican a las guardias blancas como antecesoras, remitiendo al periodo de gobierno de Efraín Arana Osorio (1952-1958) para establecer su origen en la creación de "un cuerpo de policía auxiliar ganadero" para combatir y castigar las invasiones a fincas y el abigeato28. Fue el gobernador Samuel León Brindis (1958-1964) quien les dio existencia oficial al decretar en 1961 autorización a los ganaderos para portar armas y contratar "policías particulares".29 El gobierno de Patrocinio González Garrido (1988-1993) intentó adaptar al estado de Chiapas las exigencias modernizadoras del TLCAN, sustituyendo a las guardias privadas por las fuerzas públicas en la función de proteger los bienes e intereses del poder económico. Lejos de erradicarlo en 1994 como se pretendía, el fenómeno de las guardias blancas se aprovechó y se transformó luego del alzamiento zapatista.

Más allá de la protección de las fincas y el ganado, en la guerra de baja intensidad son varias las funciones que cumplen los grupos paramilitares en Chiapas. En primer lugar su misión es contribuir, por todos los medios a su alcance, a la destrucción de la vida comunitaria de la población indígena base de apoyo zapatista, así como generar un clima de guerra civil enfrentando entre sí a los indígenas que siendo simpatizantes del EZLN o de cualquier organización independiente, además militen en un partido de oposición o profesen una religión diferente. El control de un territorio determinado es finalidad y requisito para cumplir con esta función.

Al tratarse de una guerra irregular, no convencional, se recurre a los paramilitares para que realicen todos aquellos actos que por su naturaleza ilegal y delictiva no puede ejecutar de manera abierta el ejército federal. De aquí que una segunda función es proteger a la institución militar, evitando denuncias formales y procedimientos judiciales por delitos comunes y violación a los derechos humanos cometidos contra la población civil, en la guerra sucia al EZLN.

Una función derivada de las anteriores, es la cobertura que brindan los grupos paramilitares al gobierno mexicano, responsable en última instancia de haber adoptado la estrategia de contrainsurgencia en curso: la integración de prácticamente todos los grupos paramilitares se ha basado en el reclutamiento de indígenas30, lo cual ha servido por un lado, para poder actuar muy cerca o desde dentro de las comunidades, y por otro lado, ello ha sido aprovechado por el gobierno federal para negarse a reconocer la existencia de paramilitares, alegando conflictos inter e intra comunitarios, propios de los pueblos indígenas.

Esta versión oficial que responsabiliza a las comunidades indígenas de los conflictos que provocan los paramilitares, ha sido utilizada en un sinnúmero de ocasiones como fuente de legitimidad; esto es, las acciones de los paramilitares también tienen como función legitimar la presencia del ejército federal al cual se llama para que acuda en calidad de fuerza pacificadora y restauradora del orden, necesaria ante los continuos e irresolubles conflictos entre comunidades, al mismo tiempo que se legitima al gobierno estatal cada vez que los propios paramilitares recurren a él para que funja de árbitro neutral en la solución de los mismos conflictos.

El encubrimiento del ejército y de los gobiernos federal y estatal a cargo de los grupos paramilitares es un servicio recíproco, de necesidad y utilidad mutua, cuyas ventajas -a cambio de sus acciones contra la población civil no adversa al EZLN- son: un mayor suministro de armas, adiestramiento militar, financiamiento público de sus "proyectos de desarrollo productivo", impunidad y apoyo abierto de funcionarios del gobierno estatal, de diputados locales, de los cuerpos de Seguridad Pública, de autoridades municipales, de militares y ex militares, y del propio sistema de procuración e impartición de justicia.31

Durante años, las denuncias de los agraviados han contribuido al inventario del tipo de acciones que realizan los paramilitares, entre las que se han registrado: homicidios; emboscadas; secuestros; hostigamiento y amenazas de muerte; expulsión y desplazamiento de población, o bien, cobro de cuotas a quienes quieren permanecer dentro de su comunidad; obstrucción de la libertad de culto y cierre de templos; incendio y destrucción de viviendas y plantíos; robo de infraestructura de producción; robo de animales domésticos y de la producción alimentaria; retenes y cobro de cuotas por caminar en ciertos caminos; control de carreteras y cruces de caminos; coerción para que los individuos se adhieran a su organización paramilitar o al PRI; cobro de cuotas para el mantenimiento del grupo paramilitar; propagación de rumores y denuncias falsas; colaboración con militares y policías en la identificación de indígenas de oposición o zapatistas; y, provistos de radio en constante comunicación con las bases militares, se desempeñan también como informantes de cuanto ocurre en la zona.32

Inmediatamente después de la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995, y ante el fracaso gubernamental en su intento por capturar a la comandancia general del Ejército Zapatista, el gobierno de Ernesto Zedillo recurrió al discurso oficial del diálogo, al mismo tiempo que grupos paramilitares se daban a conocer en la zona Norte33 de Chiapas por sus ataques a población civil opositora.

Producto de múltiples factores y de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en vigor desde el 11 de marzo de 1995, la mesa instalada en San Andrés Larráinzar fue también el lugar de difusión-denuncia al que llegaba cotidianamente información de los movimientos militares y de las actividades paramilitares y policiacas, que mantenían en tensión permanente a las comunidades indígenas. La firma de los Acuerdos relativos a "Derechos y cultura indígenas" el 16 de febrero de 1996, mismos que el gobierno federal quería anunciar ante el mundo como los acuerdos de paz que pondrían fin al conflicto con el EZLN, no significó alivio alguno para la población en cuanto a la estrategia de contrainsurgencia puesta en marcha.

Durante todo el año de 1996 y el siguiente, el gobierno federal ignoró las obligaciones que había contraído al firmar los Acuerdos de San Andrés y mantuvo en su mínima expresión el diálogo con la delegación zapatista, mientras los "Chinchulines", los "Paz y Justicia", los "OPA", los "OPEZ-Oficial", los "Máscara Roja" y demás grupos paramilitares34 armaban conflictos políticos y sociales, con saldos de cientos de muertos y heridos, miles de encarcelados y otros tantos desplazados en la zona Norte, primero, y extendiéndose a Los Altos y otras regiones después.

El acto culminante de esta estrategia, que a la vez concentra prácticamente todas las características diseñadas para la guerra de baja intensidad en Chiapas, tiene lugar en Acteal, municipio oficial de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997. A partir del día 23 la prensa nacional informaba35 que grupos priístas armados iniciaron una violenta ofensiva contra un grupo de desplazados integrado por miembros de la Sociedad Civil Las Abejas y simpatizantes del EZLN. Desde el lugar de los hechos se reportó que los muertos y heridos estaban de rodillas, rezando, cuando los atacaron por la espalda. Un par de días después se rescataron de un barranco y una cueva 45 cuerpos de indígenas tzotziles masacrados con armas de fuego y mutilados sus cuerpos con machetes. La mayoría eran mujeres y niños.

La Procuraduría General de la República (PGR) aceptó que algunos de los agresores dijeron pertenecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros al Partido Cardenista (PC)36. Asimismo informó acerca de las necropsias practicadas, de donde se desprende que los agresores usaron armas de calibre .22 y AK-47; se comprobó que los victimarios se encontraban detrás de las víctimas y que ninguna de las víctimas realizó disparos de arma de fuego de acuerdo con el resultado de la prueba de radizonato de sodio37. En otras palabras, el informe de la PGR confirmó que no hubo enfrentamiento armado entre grupos indígenas disímbolos. No obstante un día después la misma dependencia gubernamental afirmó que hechos como los de Acteal pueden caracterizarse válidamente como conflictos intercomunitarios e incluso interfamiliares.

Movimientos y amenazas de diversos grupos paramilitares, días después de la masacre de Acteal, permitían suponer que ésta había sido concebida como el inicio de una escalada de violencia paramilitar, que se vio menguada por la difusión inmediata de los hechos y la consiguiente condena mundial que responsabilizó al gobierno federal. Pero la estrategia no fue abandonada. El 10 de junio de 1998 Chavajeval y Unión Progreso, en el municipio El Bosque, fueron escenarios de ataques paramilitares con la misma crueldad inhumana mostrada en Acteal38.

Pero los paramilitares no actúan solos: protegidos por policías de Seguridad Pública, eran la coartada para que el ejército federal avanzara sobre posiciones zapatistas. Al día siguiente de la matanza en Acteal, el ejército federal decretó alerta máxima y reforzó sus unidades con elementos procedentes de los estados de Campeche y Yucatán, y en los tres dias siguientes arribaron a Chiapas al menos 5 mil efectivos militares, de los cuales la SDN ubicó a unos 2 mil en el municipio de Chenalhó, quienes levantaron cuatro campamentos en la demarcación. La Secretaría de Gobernación justificó que el envío de soldados se requería para que contribuyeran en las labores de prevención de nuevos hechos de violencia, para que vigilaran el orden, y para el aseguramiento de armas de fuego39.

 

5. Desplazados de guerra y municipios autónomos

 

Uno de los fenómenos que delatan inequívocamente la guerra de baja intensidad en curso en Chiapas es el del desplazamiento interno y forzado de población civil. Acertadamente llamados también desplazados de guerra, los primeros núcleos de población zapatista que abandonaron sus tierras fueron obligados a hacerlo por la ofensiva militar del ejército federal en febrero de 1995. Sea porque el territorio de ejidos y comunidades fue ocupado para luego instalar cuarteles, sea porque fue destruido por los soldados todo lo que encontraron a su paso, en los municipios de Las Margaritas, Ocosingo, Altamirano y San Andrés Larráinzar, numerosos grupos de población zapatista se desplazaron hacia las montañas o se internaron en la selva.

Después de varios días de cerco informativo a cargo del ejército federal, la prensa nacional e internacional pudo comprobar en varios poblados -La Estrella, La Garrucha, Prado Pacayal, Ibarra, Taniperla, Guadalupe Tepeyac, Cruz del Rosario y Momón- la destrucción de las viviendas, de los muebles, de los alimentos almacenados y de las herramientas de trabajo; se conocieron denuncias de secuestro y tortura a campesinos, y del robo de documentos personales de la población tales como actas de nacimiento, credenciales de elector, y documentación de bienes agrarios. Parte de la ofensiva del ejército federal consistió en organizar a grupos de militantes priístas que habían huido en los meses anteriores, y reinsertarlos en diversas comunidades para que constituyeran un punto de choque contra los zapatistas y organizaciones independientes40.

Los aproximadamente 12 mil desplazados zapatistas que se registraron durante 1995 fueron resultado directo de operativos militares, principalmente. Como el costo político para la institución castrense ya era demasiado elevado, durante ese mismo año se presume fueron organizados y preparados por el ejército federal los grupos paramilitares que comenzaron a operar entre febrero y marzo, y que a lo largo de 1996-97 tomarían el relevo en acciones que originaron nuevos conjuntos de población desplazada en las zonas Norte, Selva y Centro, en particular en los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, Chilón, Palenque, Venustiano Carranza, Ocosingo, Sitalá y Chenalhó.41

El desplazamiento forzado tiene un significado especial cuando se trata de población indígena, en virtud del vínculo que los pueblos indios mantienen con la tierra, su territorio: "Cuando despojan al pueblo de su tierra, aniquilan su historia y todo lo que esto simboliza, su arraigo, sus tradiciones, sus fiestas, sus relaciones, su vida."42 De ahí la importancia conferida en el caso específico de Chiapas a la lucha por la autonomía; de ahí también la beligerancia gubernamental hacia los municipios autónomos zapatistas.

La versión que unos días después de la matanza de Acteal empezó a difundirse, y luego a repetirse como verdad oficial, explica los hechos en un contexto de constante disputa intercomunitaria por el poder político y económico, en un marco de diversidad religiosa y de división ideológica. La explicación oficial precisa que, en este contexto, los conflictos "se agudizaron con el surgimiento del autodenominado Consejo Municipal Autónomo [de San Pedro Polhó], en abril de 1996. Esta organización paralela al Ayuntamiento Municipal [de Chenalhó] (de extracción priísta) se designó al margen de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de facto, han pretendido realizar actos de autoridad"43. Los municipios autónomos zapatistas se habían convertido, pues, en el blanco de la ofensiva gubernamental y, efectivamente, Acteal había sido el principio de una escalada de violencia paramilitar.

Como respuesta al surgimiento del Municipio Autónomo de San Pedro Polhó, en el municipio oficial de Chenalhó, desde 1996 comenzaron a actuar abiertamente los grupos paramilitares que se habían formado el año anterior. De la agresión a distintas comunidades provocando divisiones en los pueblos, los paramilitares pasaron a presionar a familias bases de apoyo zapatistas para que salieran de su organización. Quienes no aceptaron fueron constantemente amenazados hasta que en mayo de 1997 la presión se tradujo en quema de casas, desalojos de la población, y el asesinato de uno de sus compañeros. Perseguidas por los paramilitares, muchas familias de Yaxjemel, Yabteclum y Bajoveltic tuvieron que abandonar sus tierras; en diversas comunidades fueron asesinadas 12 personas bases de apoyo zapatistas. La presión-agresión continuó hasta llegar el día -ya referido- en que los paramilitares masacraron a 45 personas en Acteal, comunidad que está a 25 minutos a pie de la sede del Consejo Autónomo de Polhó. En este proceso de expulsión unas 10 mil personas de diferentes comunidades pertenecientes a 1500 familias aproximadamente, se desplazaron y se ubicaron en 9 campamentos en Polhó.44

Por su presunta participación en la matanza de Acteal, el 27 de diciembre de 1997 el Presidente Municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, fue detenido y trasladado al penal de Cerro Hueco en Tuxtla Gutiérrez; el 3 de enero de 1998, Emilio Chuayffet presentó su renuncia al cargo de Secretario de Gobernación; el 7 de enero de 1998, Julio César Ruiz Ferro solicitó licencia por tiempo indefinido al cargo de Gobernador de Chiapas45. Pero la remoción de estos funcionarios no significaba aceptación pública de culpabilidad del Estado mexicano. Lejos de asumir responsabilidad alguna, el relevo de autoridades de los tres niveles de gobierno sirvió para dar nuevos bríos a militares, paramilitares y fuerzas policiacas federales y estatales, en el combate a los zapatistas y opositores en general, a través de la instauración del terror en determinadas comunidades y del desmantelamiento de los municipios autónomos.

En apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citando el artículo 39 de ésta, el EZLN había emitido la primera Declaración de la Selva Lacandona. Meses después, nuevamente el derecho inalienable del pueblo mexicano de alterar o modificar la forma de su gobierno, daba fundamento constitucional a la decisión de erigir los municipios autónomos zapatistas. El 19 de diciembre de 1994 la prensa nacional registraba movimientos del EZLN que se resumían en un hecho: "Sin disparar un solo tiro, los zapatistas lanzan una ofensiva política, apareciendo de la noche a la mañana en 38 nuevos municipios de Chiapas, declarados territorios rebeldes".46 Firmados los Acuerdos de San Andrés, al fundamento de los municipios autónomos en el artículo 39 constitucional, se sumaba el compromiso del gobierno federal de reconocer el "derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas", derecho que "se ejercerá en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional. Podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus manera de organizarse política, social, económica y culturalmente."47

El interés de llevar a la realidad los compromisos firmados no era compartido. Mientras los zapatistas se dieron a la tarea de elegir a sus autoridades y defender su derecho a "gobernar y gobernarse con democracia, libertad y justicia", el gobierno se dedicó a destruir las instalaciones de las cabeceras municipales autónomas, encarcelando a las autoridades, en nombre del Estado de Derecho.48 Desde uno de los nuevos centros de población surgía la denuncia: "Todas las acciones gubernamentales giran en torno a una solución militar al conflicto, todas las acciones gubernamentales son acciones militares, desde el primero de enero de 1998 no ha cambiado su táctica y estrategia de aniquilar a los indígenas rebeldes."49

1998 fue el año de la estrategia dirigida contra la resistencia civil zapatista, en el que los gobiernos federal y estatal iniciaron el proyecto de remunicipalización con la intención de cambiar la sede de varias cabeceras municipales llevándolas a aquellos lugares donde el PRI, los grupos paramilitares o los militares, tenían bajo su control el poder local. Y en donde no habían podido crear grupos paramilitares, o donde éstos eran todavía débiles, la ofensiva contra los municipios autónomos zapatistas quedó a cargo del gobierno estatal, entrando en acción fuerzas policiacas del estado, reforzadas por el ejército federal, y acompañadas de agentes del Instituto Nacional de Migración50, para combatir la solidaridad internacional expulsando a los "extranjeros perniciosos".

En esta lógica, el operativo para desmantelar el Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón -localizado en el municipio oficial de Ocosingo-, es en muchos sentidos paradigmático. Aunque el ejército federal se había emplazado en el ejido desde febrero de 1995, la mayoría de los habitantes de Taniperla continuaron sus actividades hasta la fundación del Consejo Autónomo el 10 de abril de 1998. Pero al día siguiente entraron en la comunidad donde se encuentra la cabecera municipal, en el ejido Taniperla, más de 50 vehículos de Seguridad Pública, policía judicial, migración y ejército federal para destruir y saquear las instalaciones, expulsar a observadores internacionales, y tomar prisioneros a varios de sus habitantes. Bajo la protección y apoyo de la policía y el ejército, miembros del Consejo Nacional de Pueblos Indios (CNPI), del PRI, y del grupo paramilitar denominado Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA) también entraron a saquear el municipio.51

Los hombres, algunos niños y los ancianos de más de 200 familias zapatistas e independientes tuvieron que refugiarse en la montaña, sin comida ni cobija, mientras las mujeres y otros niños de esas mismas familias permanecieron en su comunidad. Una semana después, las mujeres bases de apoyo zapatistas y de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) Independiente y Democrática de la comunidad de Taniperla, denuncian el sitio de hambre y miedo en que se encontraban, sin poder salir de sus casas a buscar leña ni maíz, y amenazadas de ser violadas por los hombres que componen el grupo paramilitar PRI-MIRA.52

Un mes después del operativo de desmantelamiento del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón, desde su refugio en las montañas, bases de apoyo zapatistas e independientes denunciaron el patrullar de camiones con policías fuertemente armados de Seguridad Pública entre las comunidades de Taniperla y Monte Líbano, y el hostigamiento a las caravanas nacionales e internacionales, expulsadas con violencia por los paramilitares, cuando acudían a recabar testimonios y a entregar ayuda humanitaria para los desplazados y sus familias.

La investigación de Hidalgo y Castro concluye, resumiendo, que durante 1998 el número de desplazados de Taniperla, se suma a las 240 personas de Amparo Aguatinta, municipio de Las Margaritas, y a las 800 personas de las comunidades de Chavajeval, Unión Progreso y Los Plátanos, municipio de El Bosque, con lo cual, estiman que desde 1995 y hasta el mes de noviembre de 1998 había un número aproximado de 21,159 desplazados en Chiapas, que representaban alrededor de 4,063 familias indígenas, ubicadas en 13 municipios, afectando a más de 60 comunidades indígenas forzadas a desarraigarse. Todos estos municipios están clasificados con índices de alta y muy alta marginación y representan cinco de las nueve regiones económicas de la entidad: Los Altos, Norte, Centro, Fronteriza y Selva. Los desplazados se encuentran en zonas de conflicto donde más se concentran los presuntos grupos armados y paramilitares, los militares (campamentos, cuarteles, retenes, zonas militares, centros de operaciones), y los cuerpos policiacos estatales y federales: Policía de Seguridad Pública, Policía Judicial Estatal, Policía Judicial Federal, e Instituto Nacional de Migración.53


6. Acuerdos de San Andrés y Plan Puebla-Panamá

 

La violencia cotidiana, distribuida, calculada, negada -inherente a la guerra de baja intensidad-, se disimulaba tras el escenario del proceso de diálogo en San Andrés Sacamch'en. La actividad militar, policiaca y paramilitar, contra los municipios autónomos, contra las comunidades indígenas, contra las bases de apoyo zapatistas, contra miembros de la sociedad civil nacional e internacional, se intensificaba en la medida en que el gobierno federal intentaba desvirtuar el diálogo, al tiempo que evadía el cumplimiento de los compromisos políticos contraídos. El gobierno no dio importancia a los acuerdos firmados hasta que el EZLN le exigió públicamente continuara el proceso hacia el reconocimiento constitucional de los derechos indígenas.

El desconocimiento de lo suscrito, el hostigamiento militar y paramilitar, el trato de delincuentes y terroristas dado a los presos políticos, y la falta de respeto y de propuestas por parte de la delegación gubernamental, condujo al retiro del EZLN de las mesas de diálogo ocho meses después de firmados los Acuerdos de San Andrés. De crisis en crisis se llegó a la suspensión -ahora podemos decir que definitiva- del diálogo, involucrando a todos los actores políticos participantes de uno y otro lado en el llamado proceso de pacificación de Chiapas.

En busca de una solución a esta crisis, la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), emprendió una participación más activa en el conflicto ejerciendo su función legal de coadyuvante, aunque haciendo más bien las veces de intermediaria entre el EZLN y el gobierno federal. La propuesta de los legisladores fue redactar un documento basado en los acuerdos surgidos de la mesa de Derechos y Cultura Indígenas que harían llegar a ambas partes con la advertencia de que la COCOPA sólo aceptaría como respuesta tanto del EZLN como del gobierno federal, un sí o un no al texto que presentara. Actores tan disímbolos como el Subcomandante Insurgente Marcos54; Marco Antonio Bernal, Coordinador de la delegación gubernamental en las pláticas de paz en Chiapas55; y el entonces diputado federal miembro de la COCOPA Juan N. Guerra56, coinciden en señalar que fue el gobierno de Zedillo el que en vez de decir simplemente no, presentó otro documento.

La "Propuesta de la COCOPA para la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas" fue reconocida por el EZLN como un esfuerzo útil y, aunque no incorporaba la totalidad de los Acuerdos de San Andrés, fue aceptada porque constituía un avance. Por el contrario, las "Observaciones del gobierno a la propuesta de la COCOPA" que unas semanas después enviaría Ernesto Zedillo a la Cámara de Senadores bajo la forma de iniciativa de "Decreto de reformas a los artículos 4°, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", constituían un importante retroceso, ya que confirmaban que el gobierno se retractaba de lo aceptado y firmado en San Andrés. Peor aún resultó la iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, la cual llevaba a su mínima expresión y dimensión lo que en su muy peculiar forma de entender era "la esencia de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar"57. El texto del PAN no reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, sólo a las comunidades; restringe la autonomía al ámbito municipal subordinándola a las constituciones de las entidades federativas; impone el deber de elaborar unas "cartas municipales", reservando esta iniciativa a los ayuntamientos, y dejando su aprobación sujeta a las legislaturas locales. Muchas de estas posiciones serían incorporadas en la reforma constitucional que se aprobaría en abril de 2001.

El hecho de que el presidente Zedillo por su lado, y el Partido Acción Nacional por el suyo, elaboraran sendas iniciativas con sus respectivas interpretaciones particulares de los textos firmados en Chiapas, anticipaba la disposición de fuerzas políticas a desconocer a conveniencia procesos en los que directa o indirectamente habían participado, y advertía su proclividad a desechar el diálogo-consulta-debate-acuerdos como procedimiento válido para construir una salida política al conflicto. El sentido de los Acuerdos de San Andrés, retomado por la COCOPA en su propuesta de reforma constitucional, era desvirtuado en las iniciativas de Zedillo y del PAN: repitiendo palabras y hasta párrafos textuales, se invertía el papel de los sujetos; se cambiaba el lugar de los actores; y se rebajaban a rango de ley secundaria y de ámbito local, derechos que deberían ser reconocidos a nivel constitucional y de validez federal.

Ernesto Zedillo -como seis años antes Salinas de Gortari- terminó su periodo de gobierno dejando obstruido el camino hacia una salida pacífica y política al levantamiento indígena en Chiapas. Su sucesor, Vicente Fox, a pesar de haber sido postulado por el PAN -fuerza política formalmente opuesta y distinta al PRI-, asumió la situación en Chiapas como quien recibe una herencia que debe conservar y administrar. Su máximo gesto de distinción respecto de sus antecesores fue entregar al Senado de la República la mal llamada "ley cocopa", y desentenderse el asunto.

De las muchas alteraciones que sufrió el texto de la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal en diciembre de 2000, y que modifican esencialmente lo acordado en San Andrés, destaca la de varios conceptos básicos: se redujo a su mínima expresión el concepto de autonomía; en párrafos clave se sustituyó el concepto pueblos por el de comunidades indígenas; y, al suprimir la palabra territorio, el derecho al uso y disfrute de los recursos naturales quedó anulado. Ejemplo sustantivo de estas alteraciones lo constituye el artículo 2°, apartado A, fracción VI, del dictamen aprobado por el Senado de la República el 25 de abril de 2001 que a la letra dice: "Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley." La redacción original de la iniciativa establecía en el artículo 4°, fracción V: "Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado Mexicano para: […] Acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación;".58

Más allá de razones coyunturales, de los problemas de técnica jurídica invocados por Zedillo, e independientemente del partido político gobernante, la negativa de los poderes federales a cumplir los Acuerdos de San Andrés obedece a razones de poder económico y a intereses de clase social comunes a priístas y panistas, evidenciando con ello su convicción de que el gobierno no debe renunciar a la tutela sobre los pueblos indios, ni reconocerles derechos sobre los recursos naturales, sobre los que la reforma salinista del artículo 27 constitucional ya había cambiado las condiciones de propiedad, pero sobre los que en aspectos tan importantes como la biodiversidad, no hay legislación mexicana en la materia.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indios -en la lógica del poder- se riñe con el control político ejercido de facto pero también, fundamentado en el cuerpo de leyes del estado de derecho mexicano. Esos derechos de los pueblos indios, asociados a una cultura propia, ejercidos en su territorio, aplicando sus sistemas normativos, y con autonomía, serían -son- el obstáculo más difícil, infranqueable, al proyecto neoliberal esbozado en la reforma del artículo 27 constitucional.

Por eso tanto en la iniciativa de Zedillo como en el texto finalmente aprobado por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados59, se hace explícita la subordinación de cualquier posible derecho indígena, a las disposiciones legales previamente establecidas, y entre éstas, a las formas y modalidades de propiedad garantizadas por el artículo 27, no en los términos en que fue aprobado por el Constituyente de 1917 en el marco de una Revolución Mexicana que todavía no se extinguía, sino el texto de las reformas contrarrevolucionarias introducidas unos años antes -en 199260-, como prerrequisito del TLCAN, para satisfacción de las corporaciones transnacionales, capitales estadounidenses en primer término.

Contra la autonomía de los pueblos indios se impuso un "principio de autoridad" institucional vertical que siempre define y decide lo que necesitan los gobernados. Con el mismo lenguaje con el que se redactan tratados comerciales internacionales -propios de la globalización neoliberal-, en las reformas constitucionales "sobre derechos indígenas" se dejó establecido que, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades de la federación, de los estados y de los municipios tienen, entre otras, la obligación de "apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización."61

La autonomía buscada por los zapatistas iba mucho más allá de los límites establecidos en los artículos de la Constitución reformados, siendo una base importante de su resistencia ante las políticas neoliberales en el campo62. Para decirlo con palabras del historiador Harvey "lo que se acordó en San Andrés y se plasmó en la propuesta de la Cocopa fue el derecho constitucional de aprovechar los recursos naturales según el criterio y mandato de los pueblos indígenas, limitando así las ambiciones de los inversionistas nacionales y extranjeros para adueñarse de estos recursos."63 Al hacer caso omiso del espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés, los representantes de los poderes político y económico dejaban reservado el territorio nacional, sus riquezas naturales y sus habitantes, para ponerlos en el mercado internacional a disposición de los capitales privados.

Hoy se le llama Plan Puebla-Panamá (PPP); desde mediados de la década 1990 lo conocemos como Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); en Sudamérica es más conocido como Plan Colombia; ayer se denominó Proyecto Paseo Pantera o Corredor Biológico Mesoamericano; antes de ayer se le decía Doctrina Monroe; mañana puede ser Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA); el nombre cambia y es lo de menos; lo que permanece en todo tiempo es el afán de dominación de Estados Unidos64 sobre el continente americano como un todo, y sobre cada una de sus regiones, interviniendo en las esferas económica, política, y militar.

Anunciado formalmente el 15 de junio de 2001 como una propuesta de los jefes de Estado y de gobierno de los ocho países mesoamericanos que lo integran, el Plan Puebla-Panamá se presenta como un conjunto de iniciativas encaminadas a fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo social y económico en los estados del Sur-Sureste de México (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán) y los países del Istmo Centroamericano (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá)65. En el caso de México, toda coincidencia con los estados más poblados por indígenas, es mera realidad.

El PPP fue concebido para aprovechar las riquezas y las ventajas comparativas de la región mesoamericana, pero para hacerlo se requiere subsanar su histórico déficit de infraestructura. Aunque ya es lugar común apelar a la reducción de los índices de pobreza para justificar todo proyecto que facilite la concentración del capital, el PPP no deja de hacerlo al mismo tiempo que especifica que las iniciativas, proyectos y acciones deben ser diseñados de manera que alienten la participación del sector privado. Objetivos tan loables como el de reducir la vulnerabilidad a los desastres naturales que año con año afectan a la región, perjudicando siempre a sus habitantes más pobres, en realidad es sólo una excelente oportunidad para desarrollar el mercado de seguros contra riesgos y catástrofes.

Al Plan Puebla-Panamá lo componen ocho iniciativas mesoamericanas y en cada una de ellas se enmarcan proyectos de carácter regional66. Dadas las asimetrías en la información, los distintos grados de avance de cada proyecto, y las modificaciones que éstos han sufrido sobre la marcha, es pertinente describir sólo aquello que estando vigente, guarda una relación estrecha con el objeto de este estudio.

La Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Sostenible67 contiene programas y acciones de corto, mediano y largo plazos, dirigidos a promover la "sostenibilidad" económica, social, cultural y ambiental de la sociedad. Entre sus objetivos generales destaca el "promover la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales con miras a potenciar el valor económico de los mismos"; "proteger la biodiversidad"; "asegurar mecanismos de gestión participativa, especialmente de las comunidades locales e indígenas". El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a solicitud de los gobiernos ha incorporado en su cartera de operaciones diversos proyectos para su financiamiento, y adicionalmente -según la demanda de los países- se propone incluir programas de desarrollo sustentable y conservación en áreas como la Selva Maya (México, Guatemala, Belice).

La Iniciativa Mesoamericana de Desarrollo Humano68 incluye varios proyecto que dan una idea de las vías concebidas para "potenciar el uso de los recursos disponibles". En primer término se busca implantar un programa regional de salud, y otro para mejorar la calidad de la inversión educativa. Salud y educación, más que derechos humanos, parecen ser prerrequisitos para capacitar la fuerza de trabajo necesaria, de tal manera que tenga sentido el tercer proyecto, el cual facilitará "la inversión y pertinencia de la capacitación laboral, creando un sistema de información accesible mediante Internet sobre las necesidades de capacitación laboral del sector privado y de los servicios de capacitación disponibles". Forma parte de esta Iniciativa también un Sistema de Información Estadística para permitir monitorear la magnitud y características de los movimientos migratorios -de los trabajadores, obviamente, no de los empresarios- en la región mesoamericana. La responsabilidad de conducción de esta Iniciativa está a cargo de México, sin duda el país más importante y dispuesto para impedir la emigración hacia Estados Unidos.

Según los documentos del Plan Puebla-Panamá, la Iniciativa Energética Mesoamericana69 tiene por objeto promover el desarrollo económico y social de los pueblos, propiciando una mayor y mejor cobertura del servicio eléctrico y la conformación de mercados eléctricos mesoamericanos para atraer la participación del sector privado, particularmente en el financiamiento de nuevos proyectos de generación. En el caso de México este tipo de compromisos internacionales asumidos por el gobierno federal a pesar de contravenir las disposiciones constitucionales en la materia, son los que presionan año tras año para que se apruebe una reforma energética. El interés mayor por atraer el financiamiento del sector privado trata de matizarse con promesas de bienestar social asegurando que esta Iniciativa persigue promover el uso eficiente de los recursos naturales de la región para la producción de energía eléctrica, particularmente en beneficio de las comunidades rurales que actualmente no cuentan con servicio eléctrico -aunque la historia y los hechos refuten la buena intención. Con esta iniciativa -dicen los documentos del PPP-se busca también promover el desarrollo y la explotación racional de los abundantes recursos de energía renovable (geotermia, eólica, solar, hidro y biomasa) con que cuenta la región mesoamericana, con el objetivo de cambiar la matriz energética de la región, impulsando una disminución de la dependencia respecto de los combustibles fósiles, la protección del medio ambiente y coadyuvar a solucionar los problemas relacionados con la crisis agrícola de los países de la región.

Originalmente la Iniciativa Mesoamericana de Transporte70 se refería sólo a integración vial, y recientemente se agregó la optimización de los servicios de transporte de carga por carretera y su integración con el transporte marítimo y aéreo, así como los sistemas de puertos y aeropuertos. La parte relativa a la integración vial tiene como objetivo aumentar el enlace interno y externo de las economías de la región mediante proyectos de construcción, de rehabilitación y el mejoramiento de las principales carreteras mesoamericanas; la armonización de las legislaciones y regulaciones técnicas de transporte; y la modernización de aduanas y pasos fronterizos. Parte importante de esta iniciativa es la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas que incluye corredores viales, ramales y conexiones regionales complementarias. El objetivo del proyecto denominado Corredor del Atlántico es la construcción, rehabilitación y mejoramiento del corredor vial de integración entre México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, atravesando vastas zonas de gran interés turístico y arqueológico en la “Tierra de los Mayas” y vinculando al futuro puerto de Cutuco, sobre el Océano Pacífico, con la zona Atlántica de Honduras y con el puerto mexicano de Coatzacoalcos. El subproyecto denominado Extensión de los Corredores Mesoamericanos hacia los mercados del TLCAN, se ubica al norte de México y tiene la función de conectar -como su nombre lo indica- a los corredores mesoamericanos del Pacífico y del Atlántico con el sistema existente de carreteras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, facilitando el acceso a los mercados de los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá o, más bien, viceversa.

Para los impulsores del Plan Puebla-Panamá la actividad turística en los países mesoamericanos cobra una gran importancia por el peso relativo en el producto interno bruto de la región, porque se considera una actividad muy dinámica comparada con las tradicionales, y porque se estima es elevada su capacidad generadora de empleo. Además, se afirma que la actividad turística atrae recursos importantes de inversión extranjera en asociación con capitales locales. Por ello en el PPP no podía faltar una Iniciativa Mesoamericana de Turismo71, la cual promete -como todas las demás- favorecer la integración y el desarrollo económico y social, promoviendo el turismo de bajo impacto, la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales, disminuyendo la vulnerabilidad ante los desastres naturales, respetando la diversidad étnica y cultural e incluyendo la participación de comunidades indígenas y afrocaribeñas, así como la del sector privado y la sociedad civil. La iniciativa comprende proyectos de turismo cultural, ecológico y de aventura que incluyen recuperación de sitios arqueológicos e históricos; transporte e infraestructura básica; desarrollo de microempresas y adiestramiento (restaurantes, hospedajes y guías turísticas); también prevé el apoyo a pequeñas empresas de artesanías, adiestramiento en servicios de turismo, entrenamiento en administración de negocios y acceso al crédito; protección ambiental y promoción de la participación indígena y consulta tanto en el diseño como en la administración de los proyectos; y, por supuesto, el desarrollo de una estrategia de mercado, esto es, un plan de acción que defina y promueva internacionalmente las alternativas turísticas.

Con base en los anteriores requisitos se impulsa el desarrollo de circuitos turísticos integrales en la región mesoamericana, iniciándose los trabajos correspondientes al circuito de la región Mundo Maya, que abarca a cinco de los ocho países de la región Puebla-Panamá. El informe financiero del PPP da cuenta de los pasos dados: en enero de 2003 se presentó el plan de Inversiones del Programa de Turismo Sostenible Mundo Maya, y se firmó la Alianza Estratégica entre la Organización Mundo Maya (OMM) e instituciones como Counterpart International, Conservation International72 y National Geographic Society, con el fin de colaborar en asesoría técnica, y en la recaudación de fondos para el desarrollo del Circuito Integral Mundo Maya. El plan de inversiones del Programa Mundo Maya comprende varios proyectos de inversión, en diez sitios de cinco países en la Región Maya. Con apoyo de recursos de una cooperación técnica del gobierno de Japón y posiblemente España, se ha iniciado la preparación de las propuestas de financiamiento por país para llevar a cabo los proyectos del Programa Mundo Maya.

Dentro de la Iniciativa Mesoamericana de Turismo del PPP, el proyecto que más llama la atención es el de Etnoturismo. Quizá es en ese tipo de "actividades productivas" en las que estaban pensando los legisladores mexicanos cuando aprobaron las reformas constitucionales al artículo 2°73, dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas. Este proyecto y a través de un Fondo de Etnoturismo Mesoamericano busca apoyar a las comunidades étnicas a desarrollar proyectos etnoturísticos basados en un esquema de asociación entre operadores hoteleros y comunidades locales; modelo Botswana -le dicen- y explican en un párrafo que conviene citar in extenso pues no tiene desperdicio: "Este modelo se caracteriza por explotar el turismo de alto nivel y de bajo impacto, involucrar a las comunidades indígenas como propietarias de la infraestructura, atraer operadores privados, mantener normas exigentes de respeto al medio ambiente y a la identidad cultural. Bajo este modelo, los operadores aportan un diseño arquitectónico (consistente con los principios de etnoingeniería), parte de las garantías, la marca hotelera con sus sistemas de reservas internacionales, tiempo compartido, la promoción y el compromiso de operar las unidades hasta el momento del pago de la inversión y capacitar al personal local para que se vaya integrando a los puestos de gerencia. Las comunidades indígenas siguen con la propiedad de las unidades, aportan terreno, mano de obra y materiales para la construcción. El operador le rinde cuentas a un consejo de propietarios (que integran entre otros a las autoridades de las comunidades). Para preparar el proyecto general, se está tramitando una Cooperación Técnica que generará los lineamientos y detalles de la operación de inversión, apoyando el desarrollo de opciones para formar esquemas de asociación entre operadores hoteleros y comunidades étnicas para la construcción de eco-lodges, basados en infraestructura hotelera de baja densidad e impacto y alta tarifa turística, ubicados en sitios seleccionados para aprovechar los recursos no sólo naturales (como paisaje, fauna, flora, etc.) sino etnoculturales (artesanías, formas de vida, etc.)."

Dicho en pocas palabras, con el Plan Puebla-Panamá los gobiernos mantienen celosamente reservado todo el corredor mesoamericano para los capitales privados de cualquier parte del mundo que -luego de acondicionar la región-, se vayan decidiendo a invertir en el área. Tal parece que en la mente de los gobernantes priva la idea de que en la región hay demasiadas riquezas naturales y potenciales como para dejarlas en manos de los pueblos indígenas. Iniciativas y proyectos que integran al PPP han sido concebidos e impulsados sin informar a la opinión pública y sin tomar en consideración a la población afectada. Prueba de ello son un par de añadidos -muy recientes-, que pretenden enmendar errores y omisiones: el Programa de Información, Consulta y Participación74, y un llamado Componente de Participación Indígena y Étnica. Acerca de éste último, los responsables del PPP afirman que, como resultado de la Quinta Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla Gutiérrez, celebrada en Mérida el 28 y 29 de junio de 2002, "los mandatarios de los ocho países manifestaron su deseo de impulsar la participación de los pueblos indígenas en el marco del PPP"75. Pero los pueblos indígenas, antes de esas fechas, ya habían acordado impulsar su autonomía, y se habían manifestado en contra del Plan Puebla-Panamá.

 

7. Juntas de Buen Gobierno y Plan La Realidad-Tijuana.

 

La autonomía indígena es la "única forma visible para evitar que este país termine hecho añicos y malbaratado", había recordado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional camino a la Ciudad de México. En Oaxaca, a su paso por zonas indígenas altamente sensibles y afectadas, el EZLN ratificaba entre hermanos: "Los que somos el color de esta tierra mexicana queremos la Autonomía Indígena y la vamos a conseguir. Ya no habrá ningún plan ni proyecto de nadie que no nos tome en cuenta. Ni plan Puebla-Panamá ni megaproyecto transítsmico ni nada que signifique la venta o la destrucción de la casa de los indígenas que, no hay que olvidarlo, es parte de la casa de todos los mexicanos."76

La movilización nacional e internacional que generó la marcha del EZLN al DF en los primeros meses del año 2001, comenzó a prepararse con el cambio de poderes federales. Al día siguiente de la toma de posesión del nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN definía su posición respecto a las posibilidades de solución pacífica de la guerra. Dados los antecedentes, los zapatistas demandaban al nuevo gobierno federal señales concretas "que acrediten su disposición al diálogo y la negociación, su compromiso de llegar a acuerdos y cumplirlos, y su decisión firme de construir la paz con los pueblos indios de México." Además de la liberación de todos los zapatistas presos, y del retiro y cierre de siete de las 259 posiciones ocupadas por el ejército federal en Chiapas, las señales demandadas por el EZLN incluían el "cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. En concreto, la transformación en ley de la iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación."77

En virtud de que el titular del Ejecutivo Federal, Vicente Fox, había anunciado que mandaría al Poder Legislativo Federal la iniciativa de reformas elaborada por la COCOPA, el CCRI-CG del EZLN decidió enviar una delegación de sus miembros a la Ciudad de México con el fin de dirigirse al Congreso de la Unión y ahí argumentar en favor de la misma propuesta de ley.78 Y así se hizo, después de un mes de marcha, habiendo recorrido 12 estados y el Distrito Federal, y no sin tener que sortear antes múltiples dificultades y muestras de rechazo que bien pueden sintetizarse en la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y de su fracción parlamentaria en el Senado, de votar en contra de recibir al EZLN en la tribuna del Congreso, y de ausentarse del recinto de San Lázaro, el día que los comandantes zapatistas expusieron sus argumentos a favor de los derechos indígenas79.

El Senado de la República aprobó por unanimidad en lo general, con los votos a favor del PRI, PAN, PRD y PVEM, unas reformas a la Constitución en materia indígena, que fueron impugnadas y rechazadas de inmediato por diversos grupos étnicos del país, al mismo tiempo que desde la "izquierda parlamentaria" se festejaba como "un triunfo del EZLN".80 Tres días después, con 386 votos -de 500 posibles-, los diputados federales del Partido Acción Nacional, los del PRI -excepto 5 de Oaxaca-, y los del Verde Ecologista de México, aprobaron las mismas modificaciones constitucionales, mal llamadas ley de derechos y cultura indígenas.81 A pesar de que las reformas aprobadas por las dos cámaras del Congreso de la Unión no recogen la letra ni el espíritu de la iniciativa de la COCOPA presentada por él, el presidente Vicente Fox celebró el resultado, afirmando que con ello el conflicto armado en Chiapas había terminado.82

La palabra del CCRI-CG del EZLN no se hizo esperar. En comunicado dirigido al pueblo de México, y a los pueblos y gobierno del mundo, afirmó que la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas aprobada en el Congreso de la Unión, no responde en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México, del Congreso Nacional Indígena, del EZLN, ni de la sociedad civil nacional e internacional que han acompañado todo el proceso. El comunicado precisa los puntos sustanciales en los que dicha reforma traiciona los Acuerdos de San Andrés en lo general, y la iniciativa de ley COCOPA en lo particular: autonomía y libre determinación; los pueblos indios como sujetos de derecho público; tierras y territorios; uso y disfrute de los recursos naturales; elección de autoridades municipales, y derecho de asociación regional, entre otros. Por consiguiente, el EZLN desconoció de manera formal y desde ese momento las reformas y señaló que la aprobación de ese texto constitucional sobre derechos y cultura indígenas "sabotea el incipiente proceso de acercamiento entre el gobierno federal y el EZLN" a la vez que "traiciona las esperanzas de una solución negociada de la guerra en Chiapas".83 En consecuencia, y por medio del mismo documento, el CCRI-CG comunica que no habrá más contacto entre el gobierno de Fox y el EZLN; que el EZLN no retomará el camino del diálogo con el gobierno federal hasta que sean reconocidos constitucionalmente los derechos y la cultura indígenas de acuerdo a la llamada Iniciativa de Ley de la COCOPA; y, que los zapatistas seguirían en resistencia y en rebeldía.

Municipios de los estados con mayor población indígena del país expresaron igualmente su rechazo a las reformas constitucionales aprobadas por el legislativo federal, sancionadas sin ninguna objeción por la presidencia de la República, y luego aprobadas también por los diputados locales por métodos denunciados muchas veces como ilegales. De los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Puebla, Tabasco, Hidalgo y Tlaxcala surgieron las protestas que se convertirían en controversias contra las reformas a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución federal. De las 330 controversias constitucionales presentadas contra el procedimiento de aprobación de las reformas en materia de derechos y cultura indígenas nueve fueron desechadas de plano por extemporáneas, quedando finalmente 321. Un año dilató la Suprema Corte de Justicia de la Nación su respuesta; un año requirió para darse cuenta que "no tiene facultades para revisar reformas y adiciones a la Carta Magna ni el procedimiento que les da origen". El máximo tribunal del país declaró improcedentes las controversias constitucionales al mismo tiempo que reconocía su incompetencia.84

El incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés así confirmado, enviaba una señal contraria a las demandadas por el EZLN al principiar el periodo de gobierno de Vicente Fox, con la que el gobierno acreditaba su no disposición al diálogo y la negociación; su falta de compromiso de llegar a acuerdos y cumplirlos; y, su decisión firme de no construir la paz con los pueblos indios de México85. Mas este episodio fue también un mensaje para la población en general.

Los titulares de las instituciones gubernamentales y los actores en quienes recae legalmente el ejercicio de la democracia representativa demostraron la verdadera naturaleza del sistema político mexicano. Los Acuerdos de San Andrés no habían sido resultado de compromisos personales. Es necesario recordar que a lo largo del proceso en busca de una salida política y pacífica, desde 1994, participaron directamente representantes de los poderes ejecutivos federal y estatal, así como de los poderes legislativos de ambos niveles de gobierno. La COCOPA se integró desde su formación, en 1995, por los "miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo del estado de Chiapas"86. Esta composición significaba en la práctica la incorporación de miembros de todos los partidos políticos nacionales que formaban parte tanto de la Cámara de Diputados como de la Senadores; todos ellos participaron en el proceso de diálogo que desembocó en los Acuerdos de San Andrés, y todos ellos aprobaron la Iniciativa de la COCOPA. Por lo tanto, independientemente de los individuos que ocuparan los cargos, a todos los partidos políticos acreditados en la Cámara de Senadores y en la de Diputados correspondía defender y apoyar una iniciativa surgida de un proceso institucional del que ellos formaron parte activa, que ellos consintieron y, que en su momento, aprobaron. Por su parte, al firmar los Acuerdos de San Andrés, el gobierno federal asumió explícitamente compromisos "que el Estado mexicano debe cumplir con los pueblos indígenas".87 No fue simplemente la persona del señor Zedillo, o del señor Fox, el que se comprometió y falló, fue el gobierno federal, fue el Estado mexicano.

Del otro lado de la mesa -también hay que recordarlo-, los delegados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional no estuvieron solos, ni fueron el interlocutor único de la delegación gubernamental. Entre los cientos de invitados y asesores del EZLN que acudieron a San Andrés, se encontraban muchos simpatizantes, cierto, pero también muchos otros que no eran zapatistas, ni indigenistas, ni de oposición, ni de izquierda. La participación directa e indirecta de los pueblos indios de México en la elaboración de documentos, en la aportación de experiencias y propuestas, y en la discusión de las sesiones periódicas que se celebraban en San Andrés le dieron al diálogo una riqueza y una legitimidad popular y nacional innegable. La Marcha del color de la tierra que acompañó a los comandantes zapatistas en su periplo, mostró a una sociedad civil de millones de personas realmente interesadas en el reconocimiento de los derechos indígenas. En ese contexto, a la sesión del Tercer Congreso Nacional Indígena en Nurío, Michoacán, asistieron representaciones de 40 pueblos indígenas del país.

El hecho de que los poderes federales -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- negaran a los pueblos indígenas el reconocimiento constitucional de sus derechos, tiene múltiples significados. Fue todo el proceso, sus componentes y actores en las diferentes etapas, lo que resultó defraudado, pero también se dañó profundamente el sentido del diálogo público y la confianza en el acuerdo; el valor de la palabra y de la firma de los gobernantes; la credibilidad de una alternativa política a los movimientos armados; la representatividad popular de los legisladores; y, el compromiso democrático de los partidos políticos nacionales. Consumado así el agravio del Estado mexicano, sólo quedó una disyuntiva al EZLN: armas o autonomía.

Los zapatistas optaron por la resistencia como forma de lucha, y por la autonomía indígena como forma de gobierno. Ante las nulas perspectivas de un diálogo con el gobierno para encontrar satisfactores a sus necesidades, el EZLN prefirió concentrar sus esfuerzos en crear sus propias soluciones, al margen de las instituciones oficiales y con la colaboración de miembros de la sociedad civil. El tiempo de silencio y de aparente inactividad, ha sido tiempo de construcción y de organización. A través de los municipios que se habían declarado autónomos desde diciembre de 1994, poco a poco comenzaron a ejercer la capacidad de autogobernarse, entendiendo por ello "conducir el desarrollo armónico de un grupo social". Se propusieron probar, por un lado, que lo que buscan no es asistencialismo ni del gobierno ni de la sociedad civil nacional e internacional; y por el otro, quisieron demostrar que "es posible gobernar y gobernarse sin el parásito que se dice gobernante."88 En una interpretación más amplia y completa, Pablo González Casanova sostiene que el nuevo planteamiento zapatista -que él resume en el término caracoles-, articula y propone un proyecto alternativo de organización, tanto intelectual como social, que va de lo local a lo universal, y cuya concreción serían redes de autonomías89.

A lo largo de sus ocho años de existencia -además de los efectos de las constantes agresiones del exterior-, el reto interno más importante que han tenido que afrontar las autoridades en los municipios autónomos rebeldes zapatistas ha sido poner en práctica una noción propia de gobernarse, un concepto distinto de democracia90; esto es, aplicar el principio de "mandar obedeciendo". Esta relación distinta entre gobernantes y gobernados consiste en que las autoridades deben velar por el cumplimiento de los acuerdos que toman las comunidades y deben informar regularmente de sus decisiones, mientras las comunidades vigilan el comportamiento, el buen desempeño, y la rectitud de las autoridades. De esta manera, llegado el caso, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito, "el responsable es castigado obligándolo a hacer trabajo colectivo y a reponerle a la comunidad lo que tomó indebidamente"91. Cuando una autoridad se corrompe -para seguir con el ejemplo-, es removida de su cargo y sustituida por otra. El cargo de autoridad en las comunidades zapatistas se entiende como un trabajo en beneficio del colectivo; es rotativo y no es remunerado, por lo que la propia comunidad contribuye a mantener a la persona mientras se desempeña como autoridad.

Esta forma de autogobierno, que funcionaba en cada comunidad antes del surgimiento del Ejército Zapatista, hoy en día se encuentra con otro desafío: la relación entre autoridades civiles de la comunidad y mandos militares del EZLN. Del desenlace de esta coexistencia de autoridades -principio democrático de la separación de poderes, interpreta Andrés Aubry-92, dependerá en mucho la viabilidad del ejemplo, y de ello da muestra de estar conciente el EZLN al afirmar que su estructura militar "contaminaba" una tradición de autogobierno y alteraba una relación de democracia directa comunitaria, cuando la sustitución de quienes no cumplían con sus responsabilidades en la comunidad, si bien se daba de manera natural, tratándose de una organización político-militar la decisión final recaía, precisamente, en el mando militar. Es por esta razón que al ponerse en marcha los municipios autónomos, se ha procurado que el autogobierno se vaya alejando de la estructura militar hasta lograr que en la designación o destitución de las autoridades autónomas el Ejército Zapatista no intervenga. El EZLN afirma que en virtud de no luchar por la toma del poder, "ninguno de los mandos militares o miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena puede ocupar cargos de autoridad en la comunidad o en los municipios autónomos"93.

A pesar de contradicciones y altibajos, el "mandar obedeciendo" en los territorios zapatistas parece estarse imponiendo como una tendencia dominante. Sin apoyo institucional alguno, los Consejos Autónomos han tenido que construir las condiciones materiales para la resistencia y han concentrado sus esfuerzos en requerimientos básicos para los pueblos. El ejercicio de autonomía indígena conducido así por las propias comunidades permite explicar su sobrevivencia no sólo por las condiciones de pobreza prevalecientes, sino sobre todo, por haberlo logrado en medio de una guerra de baja intensidad que no ha cesado de hostigar a su población; que no ha dejado de obstruir su desarrollo en todos los órdenes. Por ello se puede comprender mejor que, para enfrentar los problemas que se han ido presentando en la práctica de la autonomía, los zapatistas emprendieran nuevos esfuerzos de organización y de relación entre municipios, y propusieran a la sociedad civil nacional e internacional lineamientos más equitativos y racionales para su trato con las comunidades. Este esfuerzo de reorganización de los municipios autónomos y de las relaciones con el resto del país y del mundo se decidió concentrar en las Juntas de Buen Gobierno, anunciadas en el mes de julio de 2003.

Al igual que en cada uno de los municipios autónomos, las Juntas de Buen Gobierno tienen encomendada como función principal "cuidar que en territorio rebelde zapatista, el que mande, mande obedeciendo", pero las tareas específicas relativas a la impartición de justicia, la salud comunitaria, la educación, la vivienda, la tierra, el trabajo, la alimentación, el comercio, la información y la cultura, así como el tránsito local, son funciones exclusivas de los municipios autónomos zapatistas.

A juzgar por las consideraciones que anteceden su presentación, las Juntas de Buen Gobierno surgen como una necesidad que la experiencia previa de años recientes planteó a los municipios zapatistas. Los problemas y carencias a los que se pretende hacer frente se tradujeron en los objetivos y funciones generales de las Juntas, que en principio serían: tratar de contrarrestar el desequilibrio en el desarrollo de los municipios autónomos y de las comunidades; mediar en los conflictos que pudieran presentarse entre municipios autónomos, y entre éstos y los municipios gubernamentales; atender las denuncias contra los Consejos Autónomos por violaciones a los derechos humanos, inconformidades y protestas, investigar su veracidad, ordenar a los Consejos Autónomos la corrección de estos errores, y vigilar su cumplimiento; supervisar la realización de proyectos y tareas comunitarias en los municipios autónomos rebeldes zapatistas, cuidando que se cumplan los tiempos y formas acordados por las comunidades, además de promover el apoyo a proyectos comunitarios en los mismos municipios; vigilar el cumplimiento de las leyes que, de común acuerdo con las comunidades, funcionen en los municipios zapatistas. Las Juntas de Buen Gobierno se encargarán también de atender y guiar a la sociedad civil nacional e internacional que desee visitar comunidades, llevar adelante proyectos productivos, instalar campamentos de paz, realizar investigaciones en beneficio de la población; y cualquier otra actividad permitida en comunidades rebeldes. Finalmente, se dispone que de común acuerdo con el CCRI-CG del EZLN, las Juntas podrán promover y aprobar, elegir y preparar, la participación de compañeros y compañeras de los municipios autónomos en actividades fuera de las comunidades rebeldes.94

Constituidas el 9 de agosto de 2003, las llamadas Juntas de Buen Gobierno se formaron en cada zona rebelde, y están integradas por uno o dos delegados de cada uno de los Consejos Autónomos de su respectiva zona. En una primera zona95 estarían agrupados los municipios autónomos denominados 17 de noviembre, Primero de Enero, Ernesto Che Guevara, Olga Isabel, Lucio Cabañas, Miguel Hidalgo, y Vicente Guerrero; en la zona selva fronteriza96 participarían los municipios autónomos General Emiliano Zapata, San Pedro de Michoacán, Libertad de los Pueblos Mayas, y Tierra y Libertad; en la zona selva tzeltal97 estarían los municipios autónomos llamados Francisco Gómez, San Manuel, Francisco Villa, y Ricardo Flores Magón; en la zona norte del estado98 quedarían los municipios autónomos de Vicente Guerrero, Del Trabajo, La Montaña, San José en Rebeldía, La Paz, Benito Juárez, Francisco Villa (sic)99; y de la zona Altos de Chiapas100 formarían parte los municipios autónomos San Andrés Sakamchén de los Pobres, San Juan de la Libertad, San Pedro Polhó, Santa Catarina, Magdalena de la Paz, 16 de Febrero, y San Juan Apóstol Cancuc101. Las sedes de las Juntas de Buen Gobierno estarían ubicadas en los mismos lugares que ocuparon los espacios de convivencia conocidos como Aguascalientes en La Realidad, Oventik, La Garrucha, Morelia y Roberto Barrios, y que el EZLN decidió dar por muertos para dar paso al nacimiento, en cada uno de esos espacios, de un Caracol, y construir en cada Caracol su respectiva Casa de la Junta de Buen Gobierno102.

El proceso de construcción de la autonomía zapatista ha sido continuamente atacado desde diferentes ángulos oficiales, con el argumento de que el EZLN aspira a separarse de México, o que pretende fragmentar al país -balcanizarlo, se llegó a decir para justificar la negativa del gobierno de Zedillo a llevar a la Constitución los Acuerdos de San Andrés. Para el Ejército Zapatista la situación es al revés. El proyecto separatista para el sureste mexicano -afirma el EZ-, sí existe y consiste en "la aplicación de la doctrina neoliberal en nuestras tierras y es comandado por el gobierno federal", -y añade- que el proyecto de fragmentar el país "asignándole al sureste mexicano la función de 'coto de caza' para el dinero mundial", se llama Plan Puebla-Panamá. Los zapatistas consideran que en la verdadera agenda de los tres poderes de la Unión y de los partidos políticos nacionales se encuentra también este proyecto de fragmentación según el cual "México se dividiría en tres: el norte, con sus estados incorporados a la lógica productiva y comercial de la Unión Americana; el centro, como proveedor de consumidores con mediano y alto poder adquisitivo, y el sur-sureste, como territorio a conquistar para la apropiación de recusos naturales que, en la destrucción globalizada, son cada vez más importantes: agua, aire y tierra (madera, petróleo, uranio… y personas)."103

Tras declarar que, al menos en las montañas del sureste mexicano no se permitirá su implantación, los zapatistas anunciaron que "frente al Plan Puebla-Panamá en particular, y en general contra todo plan global de fragmentación de la Nación Mexicana, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional" promoverá el Plan La Realidad-Tijuana cuyo objetivo central es vincular a toda la gente que resiste contra el despojo en el país, para reconstruir desde abajo a la nación mexicana.104

El Plan La Realidad-Tijuana se compone de dos partes: en la primera se exponen siete acuerdos comunes que el EZLN propone al pueblo de México; en la segunda se enuncian siete demandas nacionales.

Los acuerdos que propone el Ejército Zapatista para que las organizaciones sociales independientes del Estado y de los partidos políticos discutan y, en su caso, aprueben y amplíen, son: 1) Respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones sociales (de obreros, campesinos, indígenas, mujeres, etc.); 2) promoción de las formas de autogobierno y autogestión en todo el territorio nacional de acuerdo con los modos de cada quien; 3) promover la rebeldía y la resistencia civil y pacífica frente a las disposiciones del mal gobierno y los partidos políticos; 4) dar solidaridad total con el agredido y no con el agresor; 5) formar una red de comercio básico intercomunidades y promoción del consumo básico en locales y comercios nacionales, dando preferencia al pequeño y mediano comercio, y al llamado comercio informal; 6) defensa conjunta y coordinada de la soberanía nacional y oposición frontal y radical a las privatizaciones de la energía eléctrica y el petróleo, y de otros recursos naturales; y, 7) formar una red de información y cultura, y demandar de los medios de comunicación información verdadera, completa, oportuna y balanceada. Crear medios de información locales y establecer redes regionales y nacionales de defensa y promoción de la cultura local, regional y nacional, y de las ciencias y las artes universales.

Las siete demandas nacionales que el EZLN propone al pueblo de México para llevar adelante el Plan La Realidad-Tijuana, las encabeza "la tierra", inspirada en la Revolución Mexicana de 1910 y formulada de una manera inequívocamente opuesta al Plan Puebla-Panamá y las políticas neoliberales que lo sustentan: "1. La tierra es de quien la trabaja. En defensa de la propiedad ejidal, y comunal de la tierra y la protección y defensa de los recursos naturales. Nada sin el conocimiento y consentimiento previo de los habitantes y trabajadores de cada lugar"; 2) trabajo digno, salario justo para todos y todas; 3) vivienda digna; 4) salud pública y gratuita; 5) alimentación y vestido a bajo costo; 6) educación laica y gratuita para toda la niñez y la juventud; y, 7) respeto a la dignidad de la mujer, de la niñez y de los ancianos.105

Las 7 demandas que propone el EZLN como parte integrante del Plan La Realidad-Tijuana nos remiten, inevitablemente, a la primera Declaración de la Selva Lacandona en la cual se resumieron en 11 puntos las demandas que llevaron a las comunidades indígenas de Chiapas a decidirse por el levantamiento armado del 1° de enero de 1994: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz106. En aquel entonces los integrantes de las fuerzas insurgentes del EZLN declararon que no dejarían de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas del pueblo.

 

Conclusiones y perspectivas

 

La opción de la guerra de baja intensidad escogida por el gobierno de Salinas de Gortari, profundizada y extendida por el de Zedillo, y mantenida por el de Vicente Fox, es un recurso para mantener militarizado el estado de Chiapas con la doble finalidad de desgastar lenta y constantemente la oposición, la resistencia, y la articulación social de las comunidades indígenas y destruir la voluntad de combatir del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al mismo tiempo que vigilar las riquezas naturales estratégicas -petróleo, minerales, agua, biodiversidad, turismo- que son del interés creciente de los capitales privados representados por las grandes corporaciones transnacionales.

Esta modalidad de guerra se desplegó con todas sus características y consecuencias durante el tiempo que duró el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, permitiendo con esta cobertura distraer la atención nacional del verdadero curso del conflicto armado en Chiapas. En esta lógica los Acuerdos de San Andrés fueron firmados por el gobierno federal para simular ante el mundo una vocación de paz, democracia y respeto a los derechos humanos que le exigían los anhelados socios comerciales de la Unión Europea, pero con la certeza de que no los cumpliría.

El reconocimiento de los pueblos indios como sujetos de derecho público, el derecho a la libre determinación y la autonomía, el respetar y convalidar sus sistemas normativos, el uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios, en fin, los derechos que habían sido reconocidos en los Acuerdos de San Andrés, vistos desde la perspectiva de su aplicación en la realidad, resultaron inconvenientes al Estado mexicano. De respetar esos derechos, tanto los poderes federales y locales, como los partidos políticos nacionales, estarían renunciando al control ejercido por décadas, a través de políticas paternalistas, asistenciales y clientelares, sobre los trabajadores en general y sobre los campesinos e indígenas en particular.

Paralelamente, reconocer y respetar los derechos indígenas habría conducido a limitar en definitiva la libertad con la que el gobierno mexicano dispone de los bienes y recursos estratégicos de la nación para entregarlos al capital privado, local y extranjero. El tipo de acuerdos internacionales asumidos por el gobierno federal, que en el marco de la globalización neoliberal comprometen la soberanía de México y su viabilidad como nación independiente, contraviniendo -no sobra decirlo- la Constitución-, están expresados nítidamente en las iniciativas mesoamericanas del Plan Puebla-Panamá, en las que lo mismo se ofrece atraer capital privado para el financiamiento de generación de energía eléctrica, que se promueven proyectos para sacar provecho de paisaje, fauna, flora, artesanías, historia, tierras, habitantes y formas de vida de las comunidades indígenas del Mundo Maya.

La escasez y las dificultades para obtener información completa del contenido del Plan Puebla-Panamá, refuerza las suspicacias cuando se observa la realización de obras públicas y la ejecución de decisiones de gobierno que aparecen siempre como acciones independientes unas de otras, siendo en realidad piezas articuladas de un plan cuyos verdaderos alcances se ocultan a la población. Eso ocurre con la construcción de carreteras en los estados del sureste que se anuncian sólo como "obras de modernización" locales; o con el desalojo de comunidades asentadas en la reserva de la biósfera de Montes Azules, queriendo justificarlos con argumentos ambientalistas; así sucede también con el incremento de la militarización de la frontera México-Guatemala so pretexto del narcotráfico, todo lo cual cobra un sentido distinto cuando se interrelaciona con intereses de empresas transnacionales y cuando se analiza a la luz de los planes estadounidenses de intervención y dominación sobre los diferentes países y regiones de América Latina.

Así como el Plan Puebla-Panamá se oculta, así la guerra en Chiapas se niega. El gobierno federal no reconoce problema alguno, no admite que haya una guerra en curso, pero tampoco disminuye la desproporcionada presencia de tropas federales en las inmediaciones de las comunidades indígenas. No hay guerra -dicen- pero el gobierno federal no ordena la salida del ejército, ni el gobierno del estado solicita su retiro. El Ejecutivo federal sigue negando la existencia de grupos paramilitares a pesar de que las agresiones de éstos son constante y públicamente denunciadas,107 generalmente con nombres, apellidos y circunstancias. El Ejecutivo estatal, más sofisticado, elabora un falso silogismo para sostener que si un grupo armado actuara de manera concertada, organizada, violenta, y con impunidad "habría elementos que podrían afirmar la posible existencia de paramilitares. Pero hoy no hay esa impunidad."108 Ergo, hoy no hay paramilitares en el estado de Chiapas.

En medio de esta guerra de baja intensidad que se desarrolla en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional consolida su existencia. Contrariamente al propósito gubernamental, la reafirmación por la vía de los hechos de la autonomía indígena en territorio rebelde, significa la posibilidad de preservar las riquezas naturales; la oposición a la privatización de los recursos estratégicos, y un freno a la voracidad de los capitales privados nacionales y extranjeros. Más importante aún es que, en el ejercicio de esa autonomía, la defensa de los derechos y la cultura indígenas fortalece internamente a las bases de apoyo zapatistas, como comunidades y como municipios, y los prepara para mejor resistir la ofensiva que en el marco de la GBI busca desarticularlos, debilitarlos, enfrentarlos entre sí. Las Juntas de Buen Gobierno son un paso más amplio de articulación municipal y coordinación regional, dirigidas hacia un mayor fortalecimiento de la vida comunitaria, indispensable no sólo para resistir la estrategia militar que pretende su destrucción, sino para continuar construyendo la sociedad alternativa que se han propuesto.

En la perspectiva del gobierno federal no está modificar las condiciones existentes. Para el presidente Fox, Chiapas está en santa paz y el conflicto con el EZLN concluyó con la aprobación de las reformas constitucionales en materia indígena. Para el Coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, Luis H. Álvarez: "En Chiapas no se vive una verdadera guerra, sino un conflicto de orden político y social."109 Además, considera que el gobierno de Fox ya ha dado muestras suficientes de buena voluntad, al no ejecutar las órdenes de aprehensión contra comandantes zapatistas; al garantizar la libertad de tránsito de la delegación del EZLN en su marcha al D. F.; y, al cumplir "las condiciones que el grupo armado impuso" al iniciar el periodo de gobierno, relativas al retiro de enclaves militares, a la gestión para la liberación de presos, y la presentación de las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas,110 abstracción hecha de los resultados. Con esos antecedentes y convencido de que fue el EZLN el que suspendió unilateralmente las pláticas, el gobierno de Fox asegura no tener inconveniente alguno en retornar a la mesa del diálogo.

Pero en la perspectiva del Ejército Zapatista no está el diálogo ni ninguna otra forma de relación con el gobierno federal, sino la consolidación de una alternativa de vida, de organización social, económica, y de gobierno, que permita la paulatina superación de sus carencias por sus propios medios y con sus relaciones sociales nacionales e internacionales. Para el EZLN "Hay un tiempo para pedir, otro para exigir y otro para ejercer."111 El vocero del Ejército Zapatista explica que durante una primera etapa de la lucha indígena se planteó la necesidad de ciertos derechos; en la siguiente etapa se demandó el cumplimiento de esos derechos, y en la última etapa -la que se está viviendo ahora-, se están ejerciendo esos derechos. El objetivo del EZLN para el periodo que se abre con el décimo aniversario de su insurrección armada, es dar firmeza y solidez al ejercicio de los derechos de las comunidades, ya que el eje fundamental de las líneas de acción de los zapatistas es el desarrollo de la organización política, social y cultural que hay en las comunidades, en los municipios autónomos y, a partir del verano de 2003, en las Juntas de Buen Gobierno. Cuando el EZLN expresa que "del gobierno y de la clase política no vale la pena ocuparse mucho, puesto que tampoco se ocupan de uno",112 parece concluir que el único camino a seguir es la construcción de una alternativa independiente y propia.

 

México, D. F., enero de 2004.

 

 

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Artículo publicado

 

FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Paulina.

El EZLN y la GBI en Chiapas: Derechos indígenas contra corporaciones transnacionales” en

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México, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Año XLVI, mayo-diciembre de 2003, p. 213-265.

 

 

* Doctora en Ciencia Política. Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

 

1 Sobre la importancia de la biodiversidad para el capital en la actualidad véase el trabajo pionero en México de Andrés Barreda Marín. Atlas geoeconómico y geopolítico del estado de Chiapas. México, Tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos, FCPyS-UNAM, 1999.

2 Varios Autores. Siempre cerca, siempre lejos: Las fuerzas armadas en México. México, Global Exchange/CIEPAC/CENCOS, 2000, p. 11.

3 Inevitable viene a la mente "la guerra del gas" que, precedida por "la guerra del agua", derrocó al gobierno de Bolivia presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos el 17 octubre de 2003.

4 Andrés Barreda Marín, "Globalización y militarización neoliberal" en Siempre cerca, siempre lejos: Las fuerzas armadas en México, p. 206, 207.

5 Al respecto puede consultarse: Lilia Bermúdez, Guerra de baja intensidad. Reagan contra Centroamérica, México, siglo xxi editores, 1987.

6 El estudio de la correlación de los actuales emplazamientos militares, policiales y paramilitares con la ubicación espacial de la población y los recursos naturales de Chiapas es obra de Andrés Barreda , "Globalización y militarización neoliberal"…, op. cit., p. 189-223.

7 Ibid., p. 211.

8 Ibid., p. 215-220.

9 John Saxe-Fernández, Globalización y regionalización, citado por Carlos Fazio en El tercer vínculo. De la teoría del caos a la militarización de México. México, Ed. Joaquín Mortiz, 1996, p. 43. Cfr. José Francisco Gallardo, "Militarización a fines del siglo XX" en Siempre cerca, siempre lejos… op. cit.

10 Cfr. Eric Toussaint, La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos. Donostia-San Sebastián, Gakoa Liburuak, 2002, p. 243 y ss.

11 Calos Fazio, El tercer vínculo…, op. cit., p. 47.

12 Lilia Bermúdez, Guerra de baja intensidad …, op. cit., p. 12, 13.

13 Ibid., p. 81.

14 Según artículo del general de división Donald. R. Morelli y del mayor Michael M. Ferguson, ambos del ejército de EUA, publicado en Military Review con el título "Low-intensity conflict: an operational perspective" en noviembre de 1984 y citado en Ibid., p. 76.

15 Robert H. Kupperman Associates, Inc., Low intensity conflict, citado en Ibid., p. 82.

16 Department of Defense, Dictionary of military and associated terms, Washington, D. C., 1984 citado por Lilia Bermúdez, p. 113.

17 Ibid., p. 112.

18 Ibid., p. 121.

19 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., Ni Paz ni Justicia o Informe general y amplio acerca de la guerra civil que sufren los ch'oles en la zona norte de Chiapas. Diciembre de 1994 a octubre de 1996, SCLC, Chis., CDHFBC, México, 1996, p. 168.

20 Cfr. Ibid., p. 156, y Gustavo Castro y Onécimo Hidalgo. La estrategia de guerra en Chiapas. (Primera parte). México, CIEPAC/Consejería en Proyectos, 1999, p. 15.

21 Secretaría de la Defensa Nacional. Manual de guerra irregular. Tomo II. Operaciones de contrainsurgencia o restauración del orden. México, Estado Mayor de la Defensa Nacional, 1995, p. 20, párrafo 547.

22 Vid. supra., inciso anterior.

23 Carlos Marín, "Plan del Ejército en Chiapas, desde 1994: crear bandas paramilitares, desplazar a la población, destruir las bases de apoyo del EZLN…". Proceso N° 1105, 4 de enero de 1998, p. 6-11.

24 Ibid., p. 10.

25 Ibid., p. 11.

26 Ibid., p. 7.

27 Ibid., p. 11.

28 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. Chiapas. La guerra en curso. México, Centro Prodh, 1998, p. 20.

29 Idem., y Onécimo Hidalgo Domínguez. "Paramilitarización en Chiapas" en Siempre cerca, siempre lejos: Las fuerzas armadas en México. Op. cit. p.137.

30 Productos del sistema que el mismo gobierno impulsa, jóvenes sin opciones económicas, agrarias ni laborales, encuentran en la paramilitarización la solución a sus carencias. Véase el artículo de Andrés Aubry y Angélica Inda, "¿Quiénes son los 'paramilitares'?, La Jornada, 23 de diciembre de 1997.

31 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Chiapas. La guerra en curso, op. cit., p. 20.

32 Cfr. Idem.; Onécimo Hidalgo, "Paramilitarización en Chiapas", op. cit., p. 153. El más amplio registro de testimonios se encuentra en: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Caminando hacia el Amanecer. Informe especial sobre desplazados en Chiapas. México, CDHFBC, 2002, p. 227.

33 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Ni Paz ni Justicia… op. cit.

34 Información relativa a los diversos grupos paramilitares que actúan en Chiapas, se puede consultar en dos fuentes principales: el trabajo de Onécimo Hidalgo titulado "Paramilitarización en Chiapas", ya citado, p. 137-155; y, el documento a cargo del Prodh, titulado Chiapas. La guerra en curso, también ya citado.

35 Cfr. Paulina Fernández Christlieb (responsable). Cronología de cuatro años del levantamiento zapatista 1/1/1994-31/12/1997. Madrid, Red de Apoyo Zapatista y Ekosol, marzo de 1998.

36 Nombre que adopta en su etapa pro-salinista, después del fraude electoral de 1988, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (1987), antes Partido Socialista de los Trabajadores fundado en 1975.

37 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Acteal: entre el duelo y la lucha.

SCLC, Chis., CDHFBC, México, febrero de 1999, p. 34 y ss.

38 Sobre la ofensiva contra los pueblos indígenas después de Acteal, consultar el comunicado del Subcomandante Insurgente Marcos, "México 1998. Arriba y abajo: máscaras y silencios", en EZLN. Documentos y comunicados.4. 14 de febrero de 1997-2 de diciembre de 2000, México, Ed. Era, 2003, p.196-221.

39 Paulina Fernández Christlieb (Resp.), Cronología… Op. cit., p. 24.

40 Onécimo Hidalgo y Gustavo Castro. Población desplazada en Chiapas. México, CIEPAC/Consejería en Proyectos, 1999, p. 24, 25.

41 Ibid., p. 25, 26.

42 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Caminando hacia el Amanecer. Informe especial sobre desplazados en Chiapas. México, CDHFBC, 2002, p. 245.

43 Boletín de prensa 391/97 de la Procuraduría General de la República, 26 de diciembre de 1997, citado en CDHFBC, Acteal: entre el duelo y la lucha, op. cit., p. 37.

44 Consejo Municipal de San Pedro Polhó. "Antecedentes" de Situación de los desplazados del Municipio Autónomo de San Pedro Polhó, http://www.enlacecivil.org.mx

45 Ibid., p. 38, 35, 23.

46 Paulina Fernández Christlieb (Resp.), Cronología… Op. cit., p. 5.

47 "Acuerdos sobre derechos y cultura indígenas", Documento I, en Luis Hernández Navarro y Ramón Vera Herrera (Comps.). Acuerdos de San Andrés. México, Ediciones Era, 1998, p. 58, 59.

48 Testimonios y denuncias de los municipios autónomos reunidos en el documento "Ese futuro que ya es nuestro" publicado en Fuerte es su corazón. Los municipios rebeldes zapatistas. México, Ed. del FZLN, 1998, p. 5-21.

49 Ibid. p. 6.

50 Onécimo Hidalgo y Gustavo Castro. Población desplazada en Chiapas, op. cit., p. 30, 31.

51 Conjunto de denuncias y comunicados acerca del municipio autónomo Ricardo Flores Magón agrupados bajo el subtítulo "Tener dignidad es un delito" en Fuerte es su corazón. Los municipios rebeldes zapatistas, op. cit., p. 23, 24, 25.

52 Ibid., p. 34, 27, 28.

53 Onécimo Hidalgo y Gustavo Castro. Población desplazada en Chiapas, op. cit., p. 31, 35, 36.

54 Cfr. Subcomandante Insurgente Marcos, "Carta a la Cocopa. 9 de marzo de 1997", en EZLN. Documentos y comunicados. 4. 14 de febrero de 1997-2 de diciembre de 2000, México, Ed. Era, 2003, p. 38-46.

55 Marco Antonio Bernal Gutiérrez y Miguel Ángel Romero Miranda. Chiapas: crónica de una negociación. Tomo II. México, Rayuela Editores, S.A. de C.V., 1999, p. 189 y ss.

56 Juan N. Guerra. Historia personal de la COCOPA. Cuando estuvimos a punto de firmar la paz en Chiapas. México, Ed. Grijalbo, 1998, p. 197 y ss.

57 La propuesta de la COCOPA, las observaciones del gobierno y la iniciativa de Zedillo, así como la del PAN, se pueden consultar en el apartado de "Anexos" del libro de Juan N. Guerra, op. cit., p. 285-334.

58 "Modificaciones del Senado a la Ley Cocopa" en Suplemento Perfil de La Jornada, 28 de abril de 2001, p. II (subrayado PFC). Mismo texto promulgado por el Ejecutivo.

59 Diario Oficial de la Federación. Órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. México, D.F., martes 14 de agosto de 2001, p. 2-4.

60 AAVV. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada. México, IIJ-UNAM, 1994, p. 124.

61 Artículo 2°, apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ibid., p. 4. (Subrayado PFC)

62 Sobre el tema véanse los siguientes artículos: Ana Esther Ceceña, "El dictamen del Senado, a favor del Plan Puebla-Panamá y no de los derechos indígenas"; Gilberto López y Rivas, "El Plan Puebla-Panamá y la contrarreforma indígena" ambos en http://www.nodo50.org/pchiapas/documentos/ppp.htm; y el boletín de CIEPAC, Chiapas al día N° 300 sobre "El Plan Puebla-Panamá y el Zapatismo", México, 7 de agosto de 2002, en http://www.ciepac.org/bulletins/200-300/bolec300.htm

63 Neil Harvey, "Autonomía con igualdad", La Jornada, 15 de agosto de 2003, p. 7.

64 Al respecto puede consultarse el análisis de Carlos Fazio "El Plan Puebla-Panamá y el intervencionismo de Estados Unidos", publicado en La Jornada, 24 de marzo de 2001.

65 El Sistema Internet de la Presidencia de la República Mexicana (http://presidencia.gob.mx) , remite al sitio de la Secretaría de Relaciones Exteriores para cualquier consulta acerca del PPP. No obstante, en los sitios del gobierno mexicano no se encuentra la información básica del PPP; es el Banco Interamericano de Desarrollo el que informa del PPP: http://www.iadb.org/ppp

66 Los datos que a continuación se exponen sobre las iniciativas del PPP puede encontrarse en el "Informe de la Comisión de Financiamiento del Plan Puebla-Panamá." Agosto de 2003. www.iadb.org/ppp

67 Ibid., p. 3-7.

68 Ibid., p. 9-17.

69 Ibid., p. 67-78.

70 Ibid., p. 39-65.

71 Ibid., p. 25-32.

72 Sobre Conservation International vinculada a empresas biogenéticas de Estados Unidos, y otras ONG "ambientalistas", véase la entrevista a Andrés Barreda en Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos en Chiapas, México. Informe final de la tercera visita de la CCIODH. 16 febrero-3 marzo 2002, p.602. En este mismo Informe véase entrevista a Conservación Internacional, p. 621 y ss.

73 Vid. supra., Artículo 2°, apartado B, fracción VII, citado en el texto correspondiente a la nota 61.

74 Ibid., p. 87.

75 Ibid., p. 89.

76 Palabras del EZLN el 26 de febrero del 2001 en Oaxaca, Oax. Texto publicado en La marcha del color de la tierra. Comunicados, cartas y mensajes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 2 de diciembre de 2000 al 2 de abril de 2001. México, Ed. Rizoma y Causa Ciudadana APN, abril de 2001, p. 110.

77 "Comunicado del CCRI-CG EZLN, 2 de diciembre de 2000", en Ibid., p. 1.

78 "Comunicado del CCRI-CG EZLN, 3 de diciembre de 2000", en Ibid., p. 10.

79 "Diego Fernández de Cevallos confirma boicot panista al EZLN en San Lázaro", La Jornada, 28 de marzo de 2001, p. 5. Nota de A. Becerril y J. M. Venegas (reporteros).

80 "La aprobación de la ley indígena, triunfo del EZLN: Sodi", La Jornada, 26 de abril de 2001, p. 5. Nota de V. Ballinas y A. Becerril (reporteros).

81 "Con el voto del PAN, PRI y PVEM aprueba la Cámara la ley indígena", La Jornada, 29 de abril de 2001, p. 3-4. Nota de C. Pérez Silva (reportero).

82 "Concluyó el conflicto armado en Chiapas: Fox", La Jornada, México, D. F., 29 de abril de 2001, p. 5. Nota de J. M. Venegas (reportero).

83 CCRI-CG del EZLN. Comunicado del 29 de abril de 2001. http://www.ezln.org/documentos/2001/ezln010429b.es.htm

84 "SCJN: improcedentes, las controversias constitucionales contra la ley indígena" en La Jornada, 7 de septiembre de 2002, p. 3 y 14. Nota de G. Castillo y J. Aranda (reporteros).

85 Vid. supra., párrafo de la nota 77.

86Artículo 8 de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, de marzo de 1995.

87 Acuerdos de San Andrés en Luis Hernández Navarro y Ramón Vera Herrera (Comps.), Op. cit., p. 58.

88 Subcomandante Insurgente Marcos. "Chiapas, la treceava estela (segunda parte): una muerte", La Jornada, México, D.F., 25 de julio de 2003, p. 6-7.

89 Cfr., ensayo de interpretación de Pablo González Casanova "Los caracoles zapatistas. Redes de resistencia y autonomía" en Suplemento Perfil de La Jornada, 26 de septiembre de 2003.

90 Algunas reflexiones distintas acerca de democracia, autonomía y derechos indígenas, pueden encontrarse en Neil Harvey, La rebelión de Chiapas. La lucha por la tierra y la democracia, México, Ed. Era, 2000.

91 Subcomandante Insurgente Marcos. "Chiapas, la treceava estela (quinta parte): una historia." La Jornada, México, D. F., 28 de julio de 2003, p. 5.

92 Véase el artículo de Andrés Aubry, "Los caracoles zapatistas. (Tema y variaciones)" en Ojarasca de La Jornada. México, D. F., N° 79, noviembre de 2003, p. 5.

93 "Chiapas, la treceava estela (quinta parte): una historia", op. cit., p. 5.

94 Subcomandante Insurgente Marcos. "Chiapas, la treceava estela (sexta parte): un buen gobierno." La Jornada, México, D. F., 29 de julio de 2003, p. 10.

95 Comprende parte de los territorios de los municipios gubernamentales de Ocosingo, Altamirano, Chanal, Oxchuc, Huixtán, Chilón, Teopisca, y Amatenango del Valle.

96 Abarca desde Marqués de Comillas, la región de Montes Azules, y todos los municipios fronterizos con Guatemala hasta Tapachula.

97 Otra parte del municipio gubernamental de Ocosingo.

98 Abarca parte de los municipios oficiales del norte de Chiapas, desde Palenque hasta Amatán.

99 En el texto publicado el municipio autónomo Francisco Villa, se repite en las zonas selva tzeltal y norte.

100 Comprende parte de los municipios gubernamentales de los Altos de Chiapas, y se extiende hasta Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocozocuautla, y Cintalapa.

101 "Chiapas, la treceava estela (sexta parte): …", op. cit., p. 10.

102 Subcomandante Insurgente Marcos. "Chiapas, la treceava estela (tercera parte): un nombre." La Jornada, México, D.F., 26 de julio de 2003, p. 12-13.

103 Subcomandante Insurgente Marcos. "Chiapas, la treceava estela (cuarta parte): un plan." La Jornada, México, D. F., 27 de julio de 2003, p. 8.

104 Ibid., p. 9.

105 Documento leído por el comandante Brus Li: EZLN. "Plan La Realidad-Tijuana." La Jornada, 10 de agosto de 2003, p. 8.

106 "Declaración de la Selva Lacandona." EZLN. Documentos y comunicados. 1° de enero/8 de agosto de 1994. México, Ed. Era, 1995, p. 35.

107 Con base en las denuncias constantemente recibidas por la asociación Enlace Civil A.C., Gilberto López y Rivas elaboró unas gráficas que ilustran el contenido de su artículo: "Contrainsurgencia y paramilitarismo en Chiapas en el gobierno de Vicente Fox" en Revista Chiapas N° 15. México, Ed. Era/IIEc-UNAM, julio 2003, p. 97-119.

108 Emilio Zebadúa, entonces Secretario de Gobierno del estado de Chiapas. "La crisis de Chiapas: gobernabilidad y paz. Retos para el gobierno del estado", en Chiapas: Interpretaciones sobre la negociación y la paz. México, CISAN-UNAM/Woodrow Wilsons Center, 2003, p. 96.

109 Luis H. Álvarez. "Dilemas actuales del conflicto y la negociación", en Ibid., p. 82.

110 Ibid., p. 83 (subrayados PFC).

111 Entrevista al Subcomandante Insurgente Marcos en Gloria Muñoz Ramírez. EZLN: 20 y 10 , el fuego y la palabra. México, Revista Rebeldía/Demos-La Jornada Ediciones, 2003, p. 257.

112 Ibid., p. 290.

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